La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba, un informe detallado sobre las acciones que se han adelantado para solucionar la actual crisis carcelaria que se vive en el Centro de Detención Transitorio Bodega de Marte, actualmente colapsado en su capacidad.

En cumplimiento de su función preventiva, la Provincial de Instrucción de Buenaventura, a través de un oficio, expresó que es necesario darle celeridad a la toma de medidas urgentes que permitan garantizar un espacio en condiciones dignas por la custodia de las personas privadas de la libertad, y que se encuentran allí en condición de sindicados.

En el mismo sentido el Ente de control elevó un control de advertencia con el que urgió adoptar medidas concretas y se proteja a la comunidad relacionada; de igual manera que se prioricen las recomendaciones hechas en la sesión de la Mesa Penitenciaria llevada a cabo el pasado 12 de junio.

La Procuraduría reiteró la necesidad de que la Alcaldía liderada por Córdoba tenga en cuenta lo enunciado en la Directiva 018, emitida el pasado 29 de septiembre de 2021, en la que se imparten lineamientos sobre la “Responsabilidad de entes territoriales frente a personas privadas de la libertad en calidad de sindicados”, en el que se comunican recomendaciones para las diferentes autoridades.