Fue apelada por la Procuraduría la decisión que tomó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de otorgarle una amnistía a la guerrillera desmovilizada Marilú Ramírez Baquero por su responsabilidad en el ataque a la Escuela Superior de Guerra.

Ramírez, quien fuera encargada de inteligencia y comunicaciones de la Red Urbana Antonio Nariño de las Farc, se ganó en los medios el remoquete de la ‘Mata Hari’ luego de infiltrarse como estudiante en la Escuela Superior de Guerra de Bogotá para suministrar información determinante para la comisión de un atentado con carrobomba ejecutado el 19 de octubre de 2006, acción que dejó como resultado 23 personas heridas.

La Procuraduría señaló que no se puede desconocer que el carro bomba estalló en una escuela de formación militar pero universitaria, esto debido a que en el lugar también se encuentra la Universidad Militar Nueva Granada.

Afirmó, además, que no se puede hablar de un ataque contra una base militar o de Policía, reseñando que un grupo de estudiantes resultaron gravemente heridos tras la explosión de una camioneta.

Por lo anterior, el Ministerio Público le pidió a la JEP que no omita estos hechos que representan una clara violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y se le quite la categoría de acto amnistiable a todo el atentado terrorista.

Subrayó que la base de la jurisdicción es la defensa de las víctimas de hechos relacionados con el conflicto armado interno, por lo que no se pueden desconocer las afectaciones que sufrieron los militares que estaban en la Escuela Superior de Guerra. Manifestó que el atentado con carro bomba es un "crimen de guerra" y no puede ser objeto de amnistía reseñando a su vez, que tanto militares como civiles ajenos al conflicto resultaron lesionados.

Indicó que utilizar un vehículo tipo camioneta y cargarlo con tantos explosivos representa que se buscaba causar el mayor daño posible tanto a las instalaciones como a las personas que se encontraban en ese momento en la misma.

Generó gran controversia que la JEP amnistiara a Ramírez. El tribunal señaló que el atentado a la Escuela Superior de Guerra fue un ataque militar válido conforme al Derecho Internacional Humanitario y no un crimen de guerra. Al considerarlo como una acción legítima en el marco de la guerra, los militares no pueden considerarse víctimas, pues operan como actores en ese mismo conflicto. Por lo anterior, los 14 militares que habían sido reconocidos por la justicia ordinaria como víctimas del atentado, dejarían de serlo.

“Los daños sufridos por el personal militar afectado no son producto de una violación al ordenamiento aplicable. La Sala encuentra que la Escuela Superior de Guerra y los militares que resultaron lesionados en la acción a la que se refiere este trámite no ostentan la calidad de víctimas. Sin embargo, la Sala no desconoce su interés legítimo en esta actuación y como tal, seguirá considerándolos como intervinientes”, señaló la JEP.

Ramírez, pese a la amnistía, debe cumplir con los compromisos adquiridos ante la JEP, no salir del país sin permiso, comprometerse a no reincidir, participar de programas de contribución a las víctimas y comparecer ante la Comisión de la Verdad, entre otros.

En entrevista radial, Ramírez señaló que hizo labores de inteligencia para las Farc que facilitaban el accionar terrorista, como en el caso del atentado contra la Escuela Superior de Guerra en Bogotá.

“Fueron varios años, unos ocho o tal vez diez infiltrada. Era un ejercicio de inteligencia más que de materializar las acciones, mi labor como tal era conocer al adversario”, aseguró.