La Procuraduría de Colombia ha abierto una investigación disciplinaria contra el alcalde de Cartagena de Indias, William Dau Chamat, y a su director de apoyo logístico, Didier Torres, por presuntas irregularidades en al menos cuatro contratos que suscribieron en 2020, durante la peor fase de la pandemia.
La Procuraduría Segunda delegada para la moralidad pública ha indicado que los contratos fueron adjudicados a la papelería Veneplast, "en convenio con una empresa española, por un valor inicial de 150 millones de pesos por el primer mes, orden de compra #1 para compra de paquetes alimenticios y productos de aseo por 1.899.999.000 pesos para la compra de 22.337 kits de alimento y aseo con la empresa Invercomer del Caribe", según recoge la televisión colombiana RTVC.
Igualmente se investiga la adjudicación de un convenio de asociación por 397.735.803 pesos para dar asistencia integral a 23 adultos mayores con el Hogar San Pedro Claver firmado en abril 1 y un convenio de asociación 004-2020 por 484.525.000 pesos suscrito con la Corporación del Desarrollo Humano CORDESHU firmado en marzo 24 del 2020.
Las presuntas irregularidades se conocieron tras la denuncia interpuesta por el presidente de la veeduría Corposicial, Wilmer Sánchez, quien señaló supuestos sobrecostes en los contratos y contratación directa.
En relación con el segundo contrato de compraventa de abril 4 de 2020 con la empresa Veneplast para la compra de diez mil kits de alimentos y productos de aseo, la queja asegura que se suscribió con una papelería, de la cual se afirma que su objeto principal no es la venta de alimentos ni la distribución de éstos.
No obstante, por este contrato, la Procuraduría aseguró que "dentro del certificado de existencia y representación de la empresa Veneplast cabe la actividad objeto del contrato de compraventa No. 2, no se advierte la ocurrencia de una posible falta por este hecho anunciado por el quejoso, por lo que entonces debemos archivar".
Por otra parte, la delegada evidencia que de acuerdo a las actas de entrega de las ayudas, fueron entregados 12.810 kits y no los 10.000 recogidos en el contrato. Sin embargo, no se evidencia adición del contrato, si hubo pagos por esos kits adicionales, con fundamento en qué se hicieron ni, si el contrato y el respaldo presupuestal del mismo es por el valor pactado. Adicionalmente, tampoco hay evidencia de entrega a los usuarios que se beneficiaron.
"Sumado a lo anterior, las actas de entrega de las ayudas a juntas de acción comunal, al contrastarlas con las allegadas a la orden de compra No 1 para la compra de paquetes alimenticios y productos de aseo celebrado en marzo 25 de 2020 con la empresa Invecomer del Caribe S.A.S, son iguales, lo que genera dudas sobre el contrato al cual corresponden, en tanto que en las mismas no se especifica a qué contrato se hace referencia", explica la Procuraduría.
Por otra parte, debieron entregarse 2.248 bonos de 100.000 pesos cada uno y 18.645 kits, cuyo soporte no se evidencia, por cuanto las actas de entrega de ayudas presentadas aparentemente corresponden a las realizadas con Veneplast e igualmente no hay certeza de entrega a los beneficiados directos.
Como pruebas de la investigación, la Procuraduría pidió oficiar a la Alcaldía Distrital de Cartagena para que presente un informe completo del contrato compraventa No. 2 suscrito con Veneplast, en el que se deberá informar cuántos kits y bonos de alimentación se adquirieron en virtud de dicho contrato, especificando el valor de estos y cuál es su soporte legal.