La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, en su visita institucional a Cúcuta enfatizó que “las entidades del Estado encargadas de la seguridad tienen que trabajar para organizar sus planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana de una manera que den resultados”. En ese sentido, se refirió a varios casos de gran polémica nacional.

Caso Emilio Tapia

La Procuradora trajo a colación la solicitud que el ente de control presentó, argumentando que “independientemente de las acciones que la Fiscalía General de la Nación está tomando frente a él por el ‘carrusel de la contratación’, hay que revocarle la medida domiciliara que tenía Tapia porque es clarísimo su incumplimiento ante las órdenes judiciales”.

También advirtió que, en cumplimiento de la función de intervención de la Procuraduría, se estará “actuando para efectos de que se le den las garantías procesales, pero la idea es que acate las órdenes judiciales y las cumpla debidamente, como lo hacen todos los ciudadanos en este país”.

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“Hay que darle todas las sanciones y medidas que le corresponden a un ciudadano que parece que está repitiendo su actuación, por eso el órgano de control inició acción popular para proteger los bienes del Estado, investigaciones correspondientes contra los funcionarios de contratación”, expuso la procuradora.

Caso Enrique Vives

La Jefe del Ministerio Público señaló que “estamos solicitando el traslado del proceso a Bogotá por considerar que hay mayores garantías para un debido proceso frente a las víctimas, y nos preocupa que se haya hecho solo imputación por las muertes y no por lesiones personales por la gravedad de la situación”.