La Procuraduría General de la Nación formuló un llamado de atención al Gobierno nacional para que se articulen en un solo criterio los conceptos y cifras tanto de líderes sociales como defensores de derechos humanos asesinados en el país, de manera que esta problemática se “refleje de manera más fidedigna”.

En una extensa carta al presidente Iván Duque, el procurador Fernando Carrillo sostiene que el país está viviendo “una situación muy grave” por cuenta de las recientes masacres ocurridas en diferentes regiones y que “tienen de luto a Colombia por el asesinato de hombres, jóvenes y niños en el país”.

Al respecto, Carrillo explica que esta situación “nos debe llevar a reflexionar sobre el papel de la institucionalidad creada por el acuerdo de paz” para definir la manera en que se van a desarticular las organizaciones criminales que infunden terror a través de asesinatos selectivos.

El Jefe del Ministerio Público dice que “en medio de este clima lúgubre y doloroso”, tanto la Procuraduría como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) están listas a prestar su concurso y aportes “para lograr enfilar todas las acciones contra los criminales y no invertir más energías en buscar en el pasado o en las críticas explicaciones a hechos que nos están superando”.

La carta de Carrillo al presidente Duque se da a propósito de la reciente sesión plenaria de la CNGS en la que se analizaron avances y retos en materia de desmantelamiento de las estructuras criminales que amenazan a los líderes sociales y a los excombatientes de las Farc que se desmovilizaron en cumplimiento del proceso de paz.

En dicha sesión, dice el Procurador, temas como el perfilamiento de los liderazgos sociales y las cifras sobre crímenes, sin duda, enriquecen el debate para la adopción de decisiones de política pública del Estado para enfrentar ese reto.

En esa reunión, la Procuraduría General presentó cifras basadas en datos de la Misión de Naciones Unidas y los estudios de la fundación Indepaz -que dirige el exministro Camilo González Posso, miembro experto de la CNGS- remitidas mediante oficio el 27 de julio de 2020, informe suscrito además por el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos.

Esas cifras, dice Carrillo en su misiva, “dan cuenta de 971 líderes y personas defensoras de Derechos Humanos asesinadas entre el 24 de noviembre de 2016 y el 15 de julio de 2020”.

La Procuraduría admite que esas cifras llamaron la atención del Ejecutivo pero contrastan con las de otras fuentes “seguramente por la conceptualización diferente sobre el perfil del líder social en nuestro país, o por tomar en cuenta periodos de medición distintos para registrar y presentar los datos”.

Y claro, aunque la carta advierte que “no es extraño que eso ocurra” tampoco es bueno que existan brechas tan grandes entre las distintas fuentes de información.

Por esa razón “cobra una enorme importancia desplegar, bajo su liderazgo, acciones que logren acercar los conceptos y las cifras, de tal forma que ellas reflejen de la manera más fidedigna posible la magnitud de la problemática que se enfrenta, como se discutió en la sesión plenaria de la Comisión”, le dice Carrillo al presidente Duque.

El Procurador General concluye, recordándole al Presidente que la Directiva N° 002 de 2017 expedida por ese organismo de control recomendó al Gobierno nacional diseñar e implementar un sistema de información integral sobre la materia para este ejercicio, para lo cual, la Procuraduría General de la Nación aportará toda su capacidad técnica con el fin de contribuir con ese propósito.

“Estamos completamente seguros de que este ejercicio servirá para el fortalecimiento de la actuación del Estado y a la articulación indispensable de esfuerzos entre las diferentes instituciones con competencia en el tema”, termina la misiva.