Entre el primero de enero y el 30 de junio de 2020 en Colombia fueron reportados 47 homicidios de líderes ambientales, lo que ubica a nuestro país “como uno de los territorios más peligrosos para conservar el ambiente”.

Así lo consigna el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, en carta que le envió este miércoles al presidente Iván Duque donde le advierte que el asesinato de estos líderes “ya se empieza a considerar como una situación sistemática en Colombia”. 

En la misiva, el jefe del Ministerio Público le pide al primer mandatario ratificar el Acuerdo Regional de Escazú sobre el ‘Acceso a la Información, la Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe’, y presentar el proyecto de ley aprobatoria al Congreso de la República, el próximo 20 julio. 

Dice Carrillo Flórez que el trámite en el legislativo y posterior control de la Corte Constitucional de la norma “propiciará la entrada en vigor de este valioso instrumento, como respuesta al grave riesgo en el que se encuentran los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales”.

El Procurador aseguró que “esta es una oportunidad invaluable” para el Gobierno de desatar los últimos escaños requeridos para la puesta en marcha del Acuerdo Regional de Escazú ante el Congreso de la República.

Con ello, agrega, se puede “garantizar el cumplimiento de las condiciones habilitantes para salvaguardar no solo ecosistemas, sino la vida de hombres y mujeres, comunidades étnicas y servidores públicos que trabajan por defender el ambiente”.

El Procurador General recordó que en diciembre de 2019 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció la suscripción del acuerdo, intención que había sido acompañada y solicitada por la Procuraduría desde agosto de ese año, como un llamado para que se garantice un entorno seguro y propicio a las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.