El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, presentó solicitud de insistencia ante la Corte Constitucional para que seleccione la tutela interpuesta por los pueblos indígenas por el incumplimiento de las órdenes para frenar la minería ilegal en la Amazonía colombiana y proteger sus derechos a la vida, salud, agua, territorio, integridad étnica y cultural, ambiente sano y soberanía alimentaria.

Para el jefe del Ministerio Público “urge proteger los derechos fundamentales de los pueblos indígenas del macroterritorio de la gente de afinidad de Yuruparí, en particular su derecho a la vida, tanto en su componente físico como cultural y espiritual”, y enfatizó en que la falta de un actuar integral del Estado y los altos niveles de contaminación por mercurio ponen en riesgo la vida y supervivencia de los pueblos indígenas amazónicos. 

Advirtió que la crisis sanitaria generada por el covid-19 aumenta el nivel de riesgo que corren los pueblos indígenas frente a la minería ilegal, lo que incrementa el nivel de urgencia del caso, y alertó sobre los altos niveles de mercurio que superan hasta 30 veces los niveles seguros para la salud humana.

“Esta situación pone en grave riesgo la supervivencia física, cultural y espiritual de los pueblos accionantes, pues los niveles elevados de mercurio tienen efectos adversos severos: producen malformaciones en del feto, afectan directamente la capacidad de aprendizaje de los niños y afectan gravemente el sistema nervioso central, entre otros”, agregó. 

Al insistir en la selección, el jefe del Ministerio Público recordó que “la acción de tutela es, por regla general, el medio judicial adecuado y preferente para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas”, y recalcó en que este caso constituye una oportunidad para que la Corte Constitucional reafirme la observancia de un enfoque diferencial en la administración de justicia a favor de los pueblos étnicos. 

Contexto

En fallo de 2007 el Juzgado Único Administrativo del Circuito de Leticia ordenó a los departamentos de Amazonas y Guainía adoptar las medidas de control necesarias para frenar la minería ilegal en la región amazónica, sin embargo, las actividades continúan afectando de manera aguda y desproporcionada la salud de los accionantes y del macroterritorio de la gente de afinidad de Yuruparí.

Para la PGN las alertas que durante más de veinte años los pueblos indígenas han elevado a autoridades y organismos de control a través de informes y reportes “han dado lugar a respuestas militares y policivas, llevadas a cabo de manera esporádica y sin articulación ni voluntad de actuar efectivamente. Esta deficiencia institucional ha generado la agudización y expansión de las actividades de minería ilegal sobre los ríos y caños amazónicos”.

En este sentido, y dada la falta de respuesta integral y efectiva por parte del Estado, los accionantes presentaron acción de tutela que busca que sean protegidos sus derechos fundamentales, en especial, por su calidad de sujetos de especial protección constitucional.