En medio de la pandemia del Covid-19 que fustiga al país el Eln, las disidencias de  las Farc y 8 grupos armados ilegales más (GAO) han seguido reclutando niños en diferentes regiones del país, como lo dio a conocer ayer el procurador Fernando Carrillo, tras denunciar estos hechos ante la Fiscalía General.

El Jefe del Ministerio Público denunció que los actores armados al margen de la ley utilizan los niños en la comisión de delitos, lesiones y homicidios de personas protegidas así como actos de terrorismo.

Por ello, Carrillo pidió que “se dé curso a una investigación criminal bajo la convicción de su priorización, conforme a la prevalencia de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes afectados y de sus familias”.

La Procuraduría documentó en la comunicación al fiscal Francisco Barbosa 23 casos de reclutamiento de niños y adolescentes, incluso uno en Soacha, en las goteras de Bogotá, y también en Antioquia, Chocó, Arauca, Nariño y Norte de Santander, en donde se incluyen informes de la ONU, de la Fuerza Pública y de organizaciones defensoras de los derechos de esta población.

En el caso del  municipio de Soacha, indica la Procuraduría en su denuncia al Fiscal que “la información de Pares (Fundación Paz y Reconciliación) da cuenta de 10 jóvenes de Soacha que habrían sido vinculados a esos grupos armados ilegales a través de ofertas laborales para ser luego conducidos a Bello (Antioquia)”.

En la comunicación, el Jefe del Ministerio Público también identificó el accionar de los llamados ‘Caparrapos’, el Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), ‘los Rastrojos’, ‘los Urabeños’, ‘las Águilas Negras’, ‘Los Paisas’, el grupo E-40 y demás Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR).

La petición identifica a estos grupos con la utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, actos de terrorismo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias, omisión de medidas de protección de la población civil y amenazas.

Señaló que a pesar que el monitoreo de la misma Procuraduría indica que desde que se suscribió el Acuerdo Final de Paz con la extinta guerrilla de las Farc hubo un descenso en los indicadores de afectación de la niñez por cuenta del accionar del conflicto, alrededor del 30% de los entes territoriales registran datos según los cuales esta población de especial protección sigue siendo víctima de los grupos violentos.

Finalmente, el Jefe del Ministerio Público pidió priorizar las investigaciones por estos eventos criminales contra niños, cometidos en medio de la emergencia derivada por el Covid-19, que “adquieren un mayor reproche social, dada la prevalencia constitucional de sus derechos y la protección integral que se debe brindar a la población de infancia y adolescencia”.

Faltan colegios

Juan Sebastián Campo, representante de Coalico (Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia), dijo a EL NUEVO SIGLO  que “la cuestión del reclutamiento es un fenómeno complejo, y uno cuando habla de reclutamiento a veces se imagina solamente a los grupos obligando a que las niñas y los niños estén en las filas, y realmente no es así la situación. El reclutamiento también responde  a una serie de necesidades y falta de garantía a los derechos de las niñas y los niños”.

Agregó que una de las variables que han identificado desde Coalico es la falta de acceso a la educación. “Un niño, una niña, que no está en la escuela obviamente es más propenso en caer en las tentaciones de las ofertas de los grupos armados”.

En este sentido Campo recordó que el coronavirus hizo que se cerraran las escuelas en todo el país y se planteó el proceso de seguir con las clases virtuales, pero si la “virtualidad es difícil en Bogotá, imaginen en una zona rural. Eso genera que las niñas y los niños dejen de asistir a los colegios y de alguna u otra forma se pongan a trabajar, y en esas comunidades donde hay fuerte presencia de grupos armados, y sobre todo donde hay mucha economía ilícita, pues los niños terminen cayendo en manos de esos grupos”.

En mayo pasado, Coalico presentó un informe en donde señaló que en los cinco primeros meses del año, el reclutamiento de niños y adolescentes por grupos armados ilegales aumentó en un 113 % con respecto a 2019.