A prisión fueron enviados por juez, a solicitud de la Fiscalía, las cuatro personas capturadas en el desarrollo de la denominada ‘Operación Quirófano’, en la que se investiga una presunta red de corrupción en la salud que permeó entes de control para favorecer a particulares.
Los afectados con la decisión judicial son Eva Katherine Carrascal C., exsuperintendente Delegada de Supersalud; Guillermo E. Grosso S., expresidentede Cafesalud EPS; Jhon A. Colmenares R., quien habría administrado varias IPS, y Javier Pena R., director médico nacional de Cajacopi EPS.
De acuerdo con lo argumentado por el ente acusador, estas personas se habrían concertado para manipular el sistema de salud valiéndose de los altos cargos que ocupaban en entidades que vigilan ese sector.
Las investigaciones adelantadas por el organismo permitieron determinar a través de copiosa prueba documental y por más de 500 audios, que para 2016 la entonces superintendente delegada para la supervisión institucional de la Supersalud, Eva Katherine Carrascal Cantillo, habría utilizado su cargo para favorecer a entidades promotoras de salud (EPS) y cajas de compensación, a cambio coimas recibidas mensualmente a través de cheques y en efectivo, e incluso habría obtenido una participación accionaria en una EPS.
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A través del material probatorio recopilado se pudo establecer que presuntamente Carrascal Cantillo y varios ex directivos y funcionarios de distintas instituciones vinculadas con el sistema de salud, además de funcionarios del Estado de la rama ejecutiva y legislativa del poder público habrían interferido en la toma de decisiones administrativas para supuestamente favorecer empresas del sector.
Según la Fiscalía las irregularidades que se habrían cometido son: agilizar pagos de dinero que eran adeudados por EPS como Cafesalud y entidades territoriales; proporcionar información sobre trámites de inspección y vigilancia o de carácter financiero de EPS y cajas de compensación al grupo de particulares que integraban esta red y quienes terminaban asesorando a los sujetos vigilados; incidir en los trámites de reorganización para la toma de decisiones en el ente de control favoreciendo las EPS y las cajas de compensación y facilitar el incremento de población afiliada a las EPS en distintas zonas del territorio nacional con lo que aumentaban los ingresos por compensación por parte del Estado.