El presidente Iván Duque señaló que el juez del Tribunal Superior de Ibagué, quien le ordenó su prisión domiciliaria y una multa de 15 salarios mínimos mensuales vigentes, tiene que ser investigado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

El Mandatario manifestó que el fallo es absurdo y pasa por encima de la Constitución, por lo que lo considera ilegal.

"Es absurdo que se esté pasando por encima del fuero constitucional, por eso esto es ilegal, es abiertamente ilegal, pero aparte de eso es un prevaricato ostensible y por eso esperamos también que la Comisión se pronuncie al respecto, y esperamos también que el Ministerio Público haga lo propio", expresó Duque.

Luego insistió en que también está pasando por encima de sentencias de la Corte Constitucional que hablan de que el fuero del presidente de la República es un fuero absoluto “y entonces me parece que esto debe ser investigado por la Comisión de Disciplina Judicial”.

Piden defender el fuero

Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que aunque respeta la autonomía de los jueces, es necesario que sus decisiones estén enmarcadas en el marco de la institucionalidad vigente.

“En mi condición de Defensor del Pueblo, y como abogado, me declaro respetuoso y obediente de los fallos de nuestra justicia, pero sí creo oportuno que esas decisiones deben tener una proporcionalidad de acuerdo a la dignidad constitucional, en este caso la que representa el presidente de la República, sobre todo porque nuestro ordenamiento jurídico nos ordena unos límites, sin renunciar a nuestras competencias”, indicó.

"Siempre hay que ser respetuoso de la autonomía judicial, pero ¿será que este tema resulta un buen precedente?, esa es la pregunta del millón que debemos resolver. El llamado que hago desde la Defensoría es a que se dirima cuanto antes este conflicto que pudiera existir, habida cuenta de que el presidente de la República goza de su fuero constitucional”, manifestó.

Afirmó que este tipo de determinaciones, que van en contravía de lo que establece la Constitución, podrían sentar un mal precedente en el país.

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Decisión del Tribunal

La Sala Quinta del Tribunal Superior de Justicia de Ibagué ordenó que el presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, sea arrestado en su domicilio durante cinco días y pague una multa de 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por haber desacatado la orden de protección especial a la fauna y flora del Parque de Los Nevados, que había sido emitida en noviembre de 2020 por la Corte Suprema de Justicia.        

Comenzando a partir del martes 1 de diciembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia dio un plazo perentorio de un año a las autoridades para que pusieran en marcha un Plan Conjunto de recuperación, manejo, mantenimiento y conservación del Parque Nacional Natural de Los Nevados.

El abogado ambiental Juan Felipe Rodríguez Vargas había interpuesto una tutela para que el lugar fuera declarado sujeto de derechos a la vida, salud y ambiente, con el fin de protegerlo de la deforestación, degradación, erosión y fragmentación ecológica que ha sufrido en los últimos años.

Tras aceptar esta tutela, la Corte Suprema había ordenado al Gobierno nacional, a los departamentos de Caldas, Tolima, Risaralda y Tolima, a los municipios de Ibagué, Pereira, Manizales, Armenia, Salento, Villahermosa, Murillo, Anzoátegui, Santa Rosa de Cabal y Santa Isabel, y a las demás autoridades, elaborar un “Plan de intervención especial e integral” del Parque Natural de Los Nevados.

La Corte Suprema consideró necesario “ordenar al presidente de la República, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, designar un grupo especial de las fuerzas militares o de la Policía Nacional que acompañe de manera continua y permanente las labores de conservación, manejo y protección que realiza Parque Nacionales Naturales de Colombia en el Parque Nacional Natural Los Nevados, en especial en aquella zona de riesgo”, señaló el máximo Tribunal en dicho comunicado.

No obstante, el plazo venció hace seis meses y, a juicio de este tribunal, ni el presidente ni la Gobernación del Quindío, representada por la secretaria de Representación Judicial y Defensa, Paula Andrea Huertas Arcila, acataron la orden de la Corte.