Una profunda radiografía de la labor de los abogados en Colombia se presentó en el marco de la Cumbre de la Justicia y de la Institucionalidad.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que sustituyó a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, presentó su primer informe de gestión.

Dicha Comisión fue posesionada en enero pasado por el presidente Iván Duque. Compuesta por siete magistrados, tiene como objetivo la vigilancia, investigación y sanción de los jueces, abogados, fiscales, magistrados y funcionarios de la rama judicial en el país.

Su presidente es Julio Andrés Sampedro Arrubla, abogado egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana y conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Durante su presentación el jurista hizo una síntesis de la situación de quienes ejercen el derecho en el país: “Hemos tenido una enorme preocupación, porque tenemos una consciencia plena y absoluta de que tenemos un compromiso esencial en la formación ética de los abogados, tanto para el ejercicio de la jurisdicción como para el ejercicio privado del derecho”.

Agregó Sampedro que “nosotros creemos desde la Comisión que ese fortalecimiento en la formación ética de los abogados va a redundar en un afianzamiento de la justicia, en una eficacia en la lucha contra la corrupción y por supuesto en el reconocimiento de los derechos humanos en nuestras jurisdicciones”.

Estudiantes

Sampedro informó que en el país se ha incrementado notoriamente la demanda de estudiantes que optan por la formación jurídica. “Creció el número de estudiantes en ciencias jurídicas, pasamos de 9.328 egresados de las universidades en el 2008, a casi 20.000 egresados en la actualidad, provenientes de 194 programas, de los cuales, solo 38 se encuentran acreditados de alta calidad”.

Hoy en día, 324.530 de estos profesionales cuentan con tarjetas profesionales, según el Consejo de la Judicatura, entidad que explicó que a pesar de que no todos los egresados solicitan el documento (porque no están obligados), esto permite concluir que la mayoría de los recién graduados no desean litigar y deciden enfocarse en otras ramas del Derecho o emprender un negocio.

Llama la atención, que este panorama de sobreoferta de abogados no va a cambiar en los próximos años, ya que los jóvenes de hoy en día prefieren estudiar las carreras tradicionales de hace 18 años. Según un estudio de la OCDE, “4,6% de las niñas y 2,4% de los niños encuestados se ven como abogados cuando tengan 35 años”.

El listado de ciudades con más oferta de programas de Derecho en el país lo encabeza Bogotá con 42, de los cuales 16 se imparten en instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y 26 en universidades. Luego están Medellín con 20, Cartagena con 11, Barranquilla y Bucaramanga, cada uno con 10 programas, según datos publicados por el Ministerio de Educación Nacional.

Entre todo este balance, Sampedro entregó un dato que preocupa: “Es inquietante que el Ministerio de Justicia dice que solo 3 de 10 jóvenes que se gradúan al año tienen la calidad suficiente para ejercer. Eso nos presenta un reto enorme para los próximos años”.

Dentro de las propuestas que se analizan para mejorar este complicado panorama está la de trabajar conjuntamente con las universidades en estrategias pedagógicas que deben estar presentes en las decisiones que se produzcan desde instituciones como la Comisión.

“Esto nos ha llevado a fortalecer la ética y a buscar una formación integral de los abogados en el convencimiento absoluto de que no requerimos los mejores abogados del mundo, sino los mejores abogados para el mundo y para el país; que su bandera sea la excelencia profesional, que no se quedé allí sino que, además, se busque fortalecer esos estándares éticos en una cultura de responsabilidad”, expresó Sampedro.

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Cifras de la Comisión

Desde el 13 de enero, cuando comenzó a funcionar la Comisión, se han recibido 6.520 procesos que fueron repartidos en la Comisión de Disciplina Judicial de la siguiente manera: 3.665 procesos contra abogados, 43 contra jueces de paz, 2.676 contra funcionarios, 38 en asuntos varios, 84 causas en contra de auxiliares de la justicia y 14 expedientes en temas de habeas corpus.     

Durante estos siete meses se han realizado 52 salas plenas, de las cuales casi todas han sido presenciales. Y en este primer semestre, la corporación ha decidido 1.212 procesos. Entre ellos están 821 que corresponden a disciplinarios adelantados contra abogados, 368 contra funcionarios judiciales, ocho procesos contra jueces de paz y seis acciones de habeas corpus. Nueve decisiones correspondientes a otros asuntos como la rehabilitación de abogados sancionados, cambios de radicación y conflictos de competencia.

Decisiones

Pero más allá de las cifras, lo que el presidente de la Comisión destaca son las decisiones. “Una de ellas la destitución e inhabilidad a un juez por beneficiar a un narcotraficante, en donde se estableció que el derecho disciplinario puede extenderse a aquellos casos en que las decisiones de los jueces resulten excesivas, arbitrarias, razonables o abiertamente contrarias a la ley”, explicó.

También recordó que se han tomado decisiones relacionadas con la suspensión a abogados por faltar a la lealtad de su cliente, “sobre todo relacionadas con sujetos de especial protección como menores y personas pertenecientes a la tercera edad. Hemos tomado decisiones varias en la destitución e inhabilidad de jueces, entre ellas, la destitución e inhabilidad por 10 años a un juez de Urumita (La Guajira) que retuvo dineros provenientes de recursos de la salud a una entidad pública en liquidación”.

Por último, resaltó que “hemos adoptado suspensión a abogados por actuar en procesos judiciales y actuar de mala fe en contra de sus clientes. Además, hemos tenido el cuidado de buscar la aplicación del enfoque de género en las decisiones que hemos tomado”.

Colegio Nacional de Abogados

Vale recordar que actualmente se debate en el Congreso un proyecto de ley para crear la Colegiatura Democrática de Abogados Colombianos.

Esta iniciativa está liderada por el Colegio Colombiano de Juristas y el Colegio de Penalistas, según explicó Francisco Bernate, quien está a la cabeza de esta última institución. “Esta es una unión entre muchos colegas que tenemos un propósito común y es que la colegiatura de abogados en Colombia sea obligatoria”, dijo.

Subrayó que en todo el mundo funciona el Derecho con la colegiatura. “El Consejo de la Judicatura colombiano y la Comisión de Disciplina Judicial es algo que no se ve en ningún otro país del mundo. La colegiatura es obligatoria en todos los países, a los abogados no los investigan jueces, la situación de Colombia es insostenible y es única”, agregó.

Para él, los abogados deben ser juzgados por otros abogados en ejercicio.