Tras el hundimiento del Plan de Ordenamiento Territorial de su antecesor, el nuevo Gobierno tendrá que presentar otra iniciativa
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La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López Hernández, tendrá en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) una de sus más duras pruebas políticas y jurídicas durante el año que comienza.
Y todo porque el POT que había propuesto el acalde saliente, Enrique Peñalosa, que alcanzó a ser estudiado por la Comisión del Plan del Concejo de Bogotá, finalmente no fue aprobado.
Peñalosa culpó de la crisis de ese proyecto a la nueva Administración distrital, y se lamentó de que sus funcionarios hubieran invertido más de tres años en definir sus alcances. “Ojalá presenten uno mejor”, fue la respuesta de Peñalosa a López en su cuenta de Twitter.
Con todo, ahora la nueva Administración capitalina se enfrenta a la orden de la magistrada del Consejo de Estado, Nelly Yolanda Villamizar, quien el 26 de noviembre pasado ordenó al Concejo de Bogotá reabrir la discusión del POT, pues recordó que un fallo de ese tribunal del 02 de abril de 2019 le dio plazo de 12 meses al Cabildo Distrital para aprobarlo.
Villamizar fue la magistrada que falló en primera instancia la sentencia que ordenó salvar el río Bogotá en el 2004, por ello en 2014 el Consejo de Estado la eligió para hacer seguimiento a esa instancia. La jurista dijo en su decisión que incumplir esa orden implica “el incumplimiento a la orden 4:18” de la sentencia del Consejo de Estado sobre el río Bogotá.
Esa sentencia establece como fecha límite para aprobar el POT el 02 de abril entrante, quiere decir escasos tres meses en los que será prácticamente imposible aprobar un nueva Plan de Ordenamiento Territorial. De hecho, durante su campaña política la propia Claudia López reconoció que un nuevo POT tardaría en ser aprobado por el cabildo bogotano al menos un año, es decir que sería aprobado en diciembre próximo, pues la orden de la magistrada Villamizar fue reabrir la discusión y votar artículo por artículo y no en bloque.
No obstante, algunos concejales como Juan Carlos Flórez, del movimiento ASI, consideran que la presentación de un nuevo proyecto de acuerdo sobre el POT podría sacarse dentro de los plazos previstos.
A su turno, en las pasadas sesiones del Concejo la cabildante Lucía Bastidas, de la Alianza Verde, explicó que los 90 días que dio el Consejo de Estado para reabrir el debate ya se cumplieron, por tanto “estamos en un limbo jurídico”.
No obstante, en las demás bancadas no son optimistas pues recuerdan que existen términos y condiciones para aprobar una norma que tendrá 15 años de vida jurídica.
Comisión de empalme
Pese a la situación, a mediados de noviembre pasado la entonces alcaldesa electa presentó oficialmente a su comisión de empalme para el Plan de Ordenamiento Territorial que se encargará de estructurar el nuevo proyecto de acuerdo.
En su momento, López Hernández aseguró que el momento político había que aprovecharlo “para que haya un proceso de concertación amplio con la ciudadanía, el sector social, privado, las organizaciones distritales y regionales, e iniciar un proceso de construcción del mejor POT para la ciudad-región”.
La alcaldesa dijo en su oportunidad que en la estructuración del POT participarán voceros de los gremios, universidades, organizaciones sociales, ambientales, el gobierno Distrital y todos los sectores interesados.
El equipo de empalme está integrado por expertos como Brigitte Baptiste, exdirectora del Instituto Alexander Von Humboldt y actual rectora de la Universidad EAN; el arquitecto José Salazar, el experto Andrés Hernández y María Mercedes Maldonado, quien fue Secretaría Distrital de Planeación y de Hábitat; el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra y el presidente del Foro Nacional Ambiental, Alejandro Callejas, entre otros.
La importancia del POT
Sobre el nuevo POT, varios expertos han explicado cuál es su importancia para la alcaldesa recién posesionada, y coinciden en que ello depende de su plan de Gobierno y su visión de ciudad.
En ese sentido, se advierte que López insistió durante su campaña en construir cinco nuevas Unidades de Reacción Inmediata (URI); la posibilidad de edificar colegios o jardines infantiles en ciertos sectores de la ciudad para facilitar el estudio de los niños; y hasta tener una nueva cárcel.
Todos ellos son proyectos que requieren de un POT vigente, pues el actual ya perdió su vigencia.
Ómar Oróstegui Restrepo, director del programa Bogotá Cómo Vamos, dijo recientemente que por ahora se debe hacer un diagnóstico cdel POT que quiere la administración, y luego concertarlo con la CAR de Cundinamarca, con la Secretaría de Ambiente y ahí sí con el Consejo Territorial de Planeación Distrital.
Sin duda, se trata de un trámite largo y dispendioso que puede durar varios meses.
También se debe tener en cuenta aspecto como la expansión de la ciudad hacia el norte, en límites con la reserva Thomas van der Hammen, donde la alcaldesa dice que se opone a su urbanización.
Y algo determinante: cualquiera que sea el nuevo proyecto de POT debe incorporar las sentencias del Consejo de Estado que protegen no solo los cerros orientales de la Capital sino también el río Bogotá.
Inclusive, hay disposiciones nacionales sobre cambio climático y movilidad sostenible que deben ser tenidas en cuenta
Así las cosas, la presentación de un nuevo POT al Concejo de Bogotá será el primero, y tal vez, más importante reto que debe enfrentar la alcaldesa capitalinapues de él dependerá en buena parte muchos de sus propósitos de Gobierno.