Si bien el desarrollo y las consecuencias del paro se han sentido en la mayor parte del país, en ninguna otra región como el suroccidente se han visto con tanta intensidad brotes de violencia y otras alteraciones al orden público como el bloqueo de vías.

Organizaciones sociales achacan que la inconformidad de la población en esta región es muy grande porque allí se concentran los mayores indicadores de pobreza y olvido del Estado; sin embargo el Gobierno nacional y la Fiscalía señalan que en esta situación hay una acción orquestada por los grupos armados ilegales.

Las acciones más violentas que han dejado muertos y heridos se han producido en Cali y en Popayán en estas más de tres semanas de protestas, además de la afectación de bienes públicos y privados.

También en el departamento del Valle municipios como Buga, Jamundí y Tuluá se han visto fuertemente afectados durante las protestas.

El día del paro nacional, el pasado 28 de abril, en Cali más de 50 ciudadanos resultaron heridos, uno de ellos, un joven, murió días después por disparos de un policía; 20 uniformados lesionados; 14 vehículos del MÍO vandalizados y 14 articulados incinerados; además de bloqueos en las principales vías de la ciudad.

En esa oportunidad el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, señaló que en este brote de violencia hubo una acción planificada. “Vándalos se dividieron la ciudad en diferentes áreas y comenzaron a adelantar una especie de operación avispa durante toda la mañana”.

Por su parte el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo en esa ocasión que “hemos identificado que los hechos violentos en Cali han sido premeditados, planeados y patrocinados por organizaciones criminales. Estamos en el proceso de individualización para judicializar a los responsables. Tenemos 23 procesos investigativos en curso”. Como consecuencia de estos hechos el Gobierno nacional dispuso reforzar la presencia policial y militar en las calles de Cali para prevenir más desmanes y proteger la vida y bienes de sus habitantes.

• Le puede interesar: "Reparar Transmilenio tras vandalismo costaría $16.000 millones": gerente

El Gobierno nacional y la Fiscalía coincidieron en que en los hechos vandálicos en la capital del Valle, hubo una alianza entre los grupos armados ilegales y el narcotráfico.

“El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulado por mafias del narcotráfico, como lo denunció el Fiscal General de la Nación. Para enfrentarlas, hemos diseñado una estrategia conjunta contra el vandalismo a nivel nacional, que ya está dando resultados”, señaló el presidente Duque.

Mientras que el ministro Molano dijo que “los actos criminales y terroristas en Cali corresponden a organizaciones como el movimiento JM-19, grupo Luis Otero Cifuentes, y la disidencia Gentil Duarte de las Farc”.

Por su parte el fiscal General, Francisco Barbosa, señaló que se “ha logrado determinar que en los desórdenes y hechos vandálicos acontecidos en Cali hay estructuras ligadas a las estructuras del narcotráfico, el Eln y las disidencias de las Farc que operan en el departamento del Cauca".

De igual forma la presencia de la minga indígena proveniente del Cauca también derivó en un enfrentamiento el pasado 9 de mayo, que dejó ocho nativos heridos. En videos se puede apreciar a ciudadanos en camionetas disparando contra los integrantes de esta etnia.

Mientras que algunos ciudadanos aseguraron que los indígenas realizaron bloqueos al sur de la ciudad y arremetieron contra varios vehículos, causando destrozos.

Ese enfrentamiento se dio en un momento en que en Cali había desabastecimiento porque varias de las vías del departamento estaban bloqueadas y no permitían el paso de los camiones con alimentos y otros víveres. Incluso en la ciudad se presentaban taponamientos desarrollados por manifestantes.

Sin embargo el senador indígena Feliciano Valencia aseveró que “lo que sucede en Cali no es auspiciado por la minga. La minga está en Cali; mientras que las vías que conducen a Buenaventura, Popayán, Bogotá están bloqueadas es por los camioneros, que también se vincularon al paro nacional. No es la minga. La minga apoya los puntos de resistencia que hay dentro de la ciudad de Cali”.

A pesar de ello el presidente Duque pidió a la minga regresar a sus territorios en el Cauca para evitar confrontaciones en un momento tan crítico para la seguridad de esta ciudad.

Al respecto el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo que “se debe limitar la movilidad de las comunidades indígenas hacia Cali. No se trata de evitar el derecho a la protesta, como muchos lo quieren hacer notar, pero sí de buscar mantener el orden público, como lo manifestó el Presidente de la República. Este no es el momento de generar provocaciones o confrontaciones con la sociedad”. En Jamundí En la madrugada del pasado sábado en medio de las manifestaciones que se presentaban en este municipio del Valle fue incendiada la sede de la alcaldía y parte de las instalaciones del Concejo.

Frente a estos hechos el ministro Molano, quien encabezó un consejo extraordinario de seguridad en este municipio, expresó que “la primera hipótesis apunta a que disidencias de las Farc estarían detrás de este ataque".

En Popayán

En la capital del departamento del Cauca se produjeron graves desórdenes el viernes y sábado pasados después de que se conociera que una joven de 17 años se quitó la vida, supuestamente porque horas antes tras ser detenida por cuatro uniformados del Esmad habría sido abusada sexualmente en las instalaciones de la URI.

Como consecuencia se presentaron fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y la Fuerza Pública que dejaron un estudiante muerto, Sebastián Quintero Múnera de 22 años, quien habría recibido el impacto de un gas lacrimógeno, y 20 heridos, de ellos seis son policías y al menos dos civiles.

• Le puede interesar: Procuradora respaldó a la Fuerza Pública en el marco de las protestas

Además fue incinerada por los exaltados ciudadanos las instalaciones de una URI, en donde supuestamente se habría cometido el abuso sexual contra la menor de edad.

Sin embargo la Policía aseguró que la muerte de la menor de edad nada tiene que ver con la acción de policiales. El general Ricardo Alarcón, comandante de la Regional 4 de la Policía, dijo que “ante la noticia que viene siendo publicada por diferentes medios, especialmente por redes sociales, en la que se afirma la posible violación y muerte de una adolescente (de 17 años) en unas instalaciones policiales, la Policía Nacional se permite afirmar de manera categórica que es una noticia, aparte de falsa, vil y ruin”.

Por su parte el ministro Molano señaló que el ataque a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en Popayán, “no sólo fue un acto vandálico. Buscaba afectar el desarrollo de la justicia. De la unidad hurtaron procesos de 38 indiciados del Eln”.

Agregó el titular de la cartera de Defensa que “es un hecho delincuencial premeditado y organizado que tiene manos criminales detrás que no sólo fue un ataque de ayer, buscando justificarse en otros hechos, sino que ya previamente en dos oportunidades en esta semana, ya había sido buscado ser atacado. Es claro que ese ataque no solo buscaba su destrucción, sino que adicionalmente buscaba frustrar el desarrollo de la justicia".