El Portal de Transmilenio de Las Américas, que durante las protestas del 2021 se convirtió prácticamente en el epicentro de los disturbios, el vandalismo y los enfrentamientos entre la Policía Metropolitana, el Esmad y los miembros de la ‘primera línea’, volvió a ser noticia el domingo en horas de la noche, luego de que una manifestación se tornara violenta.

En la jornada de protestas que adelantaron los manifestantes para presionar la liberación de los integrantes de la ‘primera línea’ que permanecen en prisión, y que terminó en un enfrentamiento con la Fuerza Pública, fue agredida la camioneta en la que estaba haciendo un reconocimiento del área el general de la Policía, Henry Sanabria, y capturaron a dos manifestantes que fueron inmediatamente liberados.

Vuelve y juega, ¿por qué se ha convertido este portal de Transmilenio, ubicado en la Avenida Ciudad de Cali con Villavicencio, en el blanco de las protestas?

Para responder a esta pregunta, EL NUEVO SIGLO consultó a dos expertos en seguridad urbana y la respuesta sencilla es que alrededor de este estratégico portal para la movilidad del sur de Bogotá han confluido cinco dinámicas que hicieron de esta zona una olla a presión que hoy es muy difícil de apaciguar.

Cinco fenómenos que confluyeron en el Portal

Lo primero que hay que entender, como lo explicó el ex subsecretario de Seguridad y experto en Seguridad Urbana, Andrés Nieto, es que la última forma de protesta social en Bogotá tiene un hilo histórico que comenzó en el 2018, cuando se plantearon una serie de solicitudes, sobre todo de grupos juveniles, que no han sido atendidas.

“En medio de todo esto a mí me preocupa, particularmente, que en estos momentos la protesta social pareciera que tiene como fin último enfrentarse con la Policía. Estamos viendo una logística en donde el fin de la protesta ya no es el de ser escuchados frente a una demanda social o ciudadana, sino que el fin último es enfrentarse con el Esmad. Eso no solo desvirtúa el derecho legítimo de la protesta, sino que se presta al vandalismo”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el ex subsecretario Nieto.

Un segundo fenómeno, íntimamente relacionado con el primero, tiene que ver con las condiciones socioeconómicas que se derivaron de la pandemia y con el uso que algunos sectores políticos les dieron a las mismas.

“Hay una problemática social derivada de la pandemia muy crítica. Durante los meses de cierre y aislamiento por el covid-19 hubo una desocupación y desescolarización de miles de ciudadanos. Posteriormente, cuando hay un regreso a la vida ordinaria, muchas personas se quedaron por fuera del sistema y quedaron a disposición del crimen para sobrevivir. Esas condiciones que dejó la pandemia, y que se sumaron al descontento que ya había, fueron supremamente complicadas y algunos políticos las instrumentalizaron para que el incendio se descontrolara”, explicó, por su parte el experto en seguridad urbana de Probogotá, César Restrepo.

En tercer lugar está el hecho de que el Portal de Las Américas es un punto estratégico para la movilidad del sur de la ciudad. “Este portal es el único en el suroccidente que comunica a las localidades de Bosa, Kennedy y de parte de Fontibón hacia los centros económicos y financieros. Bloquear este portal es bloquear la movilidad prácticamente de la mitad de la ciudad y ese es un hecho simbólico al que ha apelado la ‘primera línea’ en el marco de las protestas de los últimos años”, precisó el experto Nieto.

Este tercer hecho está íntimamente relacionado con una cuarta dinámica, y es que el sistema de transporte masivo ha sido una de las principales víctimas de los discursos de odio contra el sistema y precisamente por eso ya no se contempla únicamente el bloqueo a la movilidad (y por consiguiente a la economía de la ciudad), sino a su vandalismo. En otras palabras, el odio generalizado y sistematizado en contra de Transmilenio, tanto por las tarifas como por el servicio que presta, aflora en el marco de la protesta social.

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Acciones del Distrito

Por último, y también reconociendo que esta zona hace parte de uno de los entornos de mayor afectación criminal de la ciudad (Patio Bonito y el área que circunda a Corabastos), haber dejado de darle continuidad a la intervención de esta zona, precisamente por el covid-19, ha incidido en la situación actual.

“Esta zona requirió de una intervención prolongada al final de la Administración de Enrique Peñalosa para recuperar del crimen organizado el territorio, pero cuando comenzó la alcaldía de Claudia López se relajó esa intervención por la pandemia y lo que ocurrió fue un reposicionamiento, fortalecimiento y expansión del crimen. Hay que ser justos: con la pandemia hubo que enfocarse del problema sobreviviente y los problemas ordinarios pasaron a un segundo plano. Esa es una expansión que no se ha podido volver ni a controlar ni a retraer”, explicó a este respecto el experto Restrepo.

Añadió que “hoy ese es un territorio perdido, así está demostrado. Lo que hay que hacer es aplicar la ley, devolver la legitimidad a las autoridades y reconocer de manera pública que las víctimas son los ciudadanos de la zona y no los delincuentes. Mientras sea al revés, y se le reconozcan los derechos a los delincuentes y no a las víctimas, el poder de esos delincuentes aumentará de manera significativa (…) Las autoridades competentes no deberían liberar a los vándalos. Ese es un incentivo para que el sistema delincuencial siga sosteniendo el control económico, social y territorial de esa zona”, concluyó el experto de Probogotá.

Ahora, si bien es cierto que el experto Restrepo comenzó a esbozar las acciones que debería adelantar la Alcaldía para que este punto de la ciudad deje de padecer todos los desmanes y los excesos de las confrontaciones sociales cada vez que se convoca una marcha que se torna violenta, el ex subsecretario advirtió que muchas de las exigencias hechas por los manifestantes son del resorte del Gobierno nacional y no distrital.

“En las cuatro mesas de diálogo que se llevaron a cabo tanto con la ‘primera línea’ como con organizaciones de la zona en 2021, se encontró que hubo organizaciones comunitarias que hicieron solicitudes relacionadas con el mejoramiento del entorno, la iluminación y cosas que se fueron subsanando con el tiempo. Pero hubo un segundo bloque de propuestas o solicitudes que se escapan del resorte de la Alcaldía, como el desmonte del Esmad o cambiar el protocolo de captura, traslado y judicialización de las personas inmersas en la protesta social. La Alcaldía no tiene alcance en ello. Siguen en el tintero y siguen en la olla bajo presión pero están por fuera de las manos de las alcaldías”, concluyó César Restrepo.

La presencia del viceministro en la protesta

Ahora bien, con relación a la liberación de los dos manifestantes que fueron capturados el mismo domingo, este hecho se tornó controversial, pues en un video que fue difundido y viralizado por redes sociales, se ve al viceministro del Interior, Gustavo García, mediar y al parecer ordenar la liberación de los detenidos. Esta fue una acción que llevó a que varios sectores políticos lo criticaran, no solo por conceder indultos políticos, sino por entorpecer una operación de policía.

No obstante, la Dirección General de la Policía informó, a través de un comunicado que se socializó alrededor de las ocho de la noche, que las dos personas “fueron dejadas en libertad por la Policía Nacional, al carecer de los suficientes elementos que permitieran apoyar una causa penal como lo exige el sistema penal acusatorio”, y que “en el lugar se presentó el señor viceministro del Interior, a quien se le informó lo ocurrido”.