LAS INVESTIGACIONES contra la primera ministra del Deporte del Gobierno de Gustavo Petro, María Isabel Urrutia, por sus vínculos con presunta corrupción en la celebración de 104 contratos, siguen su curso.
Después de que la Fiscalía General de la Nación la acusara del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por lo que fue llamada a juicio, ahora es la Procuraduría la que formuló pliego de cargos contra la medallista olímpica.
“La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, al parecer, la funcionaria pasó por alto la advertencia que le hizo el grupo de contratación de la entidad sobre la existencia de más oferentes y la posibilidad de gestionar un proceso más plural, y utilizó la contratación directa para vincular a la Alianza Pública para el Desarrollo (Aldesarrollo)”, informó el órgano de control.
Asimismo, señaló que con su presunta actuación la exministra “habría desconocido los principios de moralidad, transparencia y responsabilidad de la contratación estatal, así como el deber de selección objetiva, por lo que podría estar incursa en la comisión de una falta de tipo disciplinario”.
Igualmente, destacó que aparentemente “omitió que Aldesarrollo carecía del personal idóneo para cumplir con la labor objeto del negocio jurídico y no estaba en capacidad de cumplir con las obligaciones pactadas, actividades que tenía a cargo la exministra”.
Por tal situación, según el Ministerio Público, “los términos en los que se gestionó y desconocer las recomendaciones que se le hicieron desde el Ministerio, el ente de control calificó de manera provisional la presunta conducta de la disciplinable como falta gravísima cometida a título de dolo”.
Como se sabe, Urrutia fue la primera ministra del Deporte del Gobierno Petro. Además, es reconocida por ser la primera colombiana en ganar una medalla de oro olímpica. La hazaña ocurrió en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, en competencias de pesas.
También se ha convertido en la primera ministra de la administración actual que termina al borde de procesos formales tanto en Fiscalía como en Procuraduría.
La exdeportista de 58 años fue una de las primeras en salir de las filas del Gobierno, después de que en febrero de este año el presidente pidiera su renuncia, en medio de su primer remezón ministerial.
Pero este ha sido uno de tantos escándalos del Gobierno Petro, en 15 meses en el poder, que involucra a altos funcionarios.
Entre los más importantes está el caso de Laura Sarabia, actual directora del Departamento de Prosperidad Social. Como se recordará, la funcionaria fue separada de su cargo como jefa de gabinete, tras ser investigada por haber orquestado que su exniñera, Marelbys Meza, fuera sometida a una prueba anómala de polígrafo y a interceptaciones ilegales.
Más adelante, se conoció un segundo gran escándalo para la Casa de Nariño. En esta oportunidad, fue el hijo mayor del mandatario nacional, Nicolás Petro Burgos, quien informó a la Fiscalía que a la campaña de su padre en 2022 ingresaron dineros ilegales.
Petro Burgos confesó haber recibido recursos de personajes oscuros en Colombia, los cuales también usó para su uso personal. Por ello, fue imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Las investigaciones
En el caso de Urrutia, la Fiscalía General de la Nación ha sido enfática en argumentar las razones de su llamado a juicio.
“En la investigación se estableció que, presuntamente, entre el 2 y 6 de marzo del año en curso, fueron celebrados 104 contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, desconociendo los requisitos legales”, indicó el ente investigador.
La celebración de los contratos se habría generado después de que el jefe de Estado pidiera la renuncia al exatleta.
De acuerdo a Fiscalía, después de su dimisión Urrutia habría pedido la culminación de hasta 104 contratos.
“Con estas actuaciones la exministra, al parecer, pretendía garantizar la continuidad laboral de referidos suyos o personas afines, de tal manera que no les fueran terminados los contratos con su salida del Ministerio del Deporte”, destacó el ente acusador.