En la vereda Los Robles, jurisdicción del municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar, soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, unidad militar orgánica de la Primera División del Ejército Nacional, atendieron el llamado urgente de una persona que fue víctima de una mina antipersonal, la cual fue instalada por el Frente Guillermo Ariza, del grupo armado organizado Ejército de Liberación Nacional (Eln).
Con este hecho serían dos pobladores de la zona en menos de 24 horas que se han visto afectados de manera directa por los grupos criminales.
Así mismo, los soldados del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 112, con el propósito de trabajar en pro de la población en el sur de Bolívar, y continuando con el desarrollo de operaciones que permitan contrarrestar las acciones delictivas de los grupos armados organizados que convergen en este sector del departamento, se desplazaron inmediatamente hacia el lugar de los hechos, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad con el objetivo de prestarle los primeros auxilios al civil herido y mantenerlo con vida.
El Ejército Nacional rechaza de manera categórica estos hechos que transgreden los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y continuará realizando operaciones militares que permitan propender por la seguridad y bienestar de los habitantes en el sur de Bolívar.
A la fecha de junio el año en curso, se han registrado 12.466 víctimas por minas antipersonal y munición sin explosionar, siendo 2006 el año más crítico, pues se presentaron 1224 víctimas, el mayor número en toda la historia de Colombia. En la última década, la tendencia ha venido cayendo, con excepción del año 2012, hasta ubicarse en 2016 en niveles que no se presentaban desde el año 1999. En lo corrido del año 2024, se han presentado 59 víctimas.
A pesar de los esfuerzos de desminado humanitario, la situación sigue siendo crítica. En comparación con años anteriores, el número de víctimas ha mostrado una tendencia a la baja, pero el impacto de las minas sigue siendo significativo, afectando tanto a la población civil como a miembros de la fuerza pública, que constituyen el 59%.