Los delitos de interés indebido en la celebración de contratos por presuntas irregularidades en los mismo imputó la Fiscalía a tres exfuncionarios de la Gobernación de Chocó y a dos particulares. Estos tuvieron que ver con el amparo de la emergencia sanitaria por el covid-19.
Se trata del exsecretario de Salud de Chocó, Carlos Tirso Murillo Hurtado, las exfuncionarias de la Secretaria de Salud de Chocó, Miladys Mosquera Córdoba y Yineth Samira Palacios Moreno; y los representantes de la fundación contratada, Dally Karen Mosquera García y Efraín Kevin García Maturana.
De acuerdo con la Fiscalía, las anomalías se habrían presentado en el contrato 198 del 15 de abril de 2020, cuyo valor ascendió a $2.091.500.000 y contempló realizar jornadas de salud y orientación para mitigar el impacto de la pandemia en 27 municipios.
Asimismo, el ente acusador indicó que al parecer el citado contrato no atendía los verdaderos requerimientos de la población en salud pública y carecía de sustento sobre la necesidad y urgencia de suscribirse.
Además, se constató que, presuntamente, vulneró decretos y resoluciones que establecen los parámetros de contratación, en virtud de la coyuntura por la pandemia.
A su vez, la Fiscalía argumentó que fue seleccionada una fundación que no tendría la experiencia ni capacidad operativa y técnica para cumplir 11 ciclos de capacitación a 116 grupos indígenas, afrodescendientes y gitanos como fue contemplado.
Ante la oportuna intervención de los entes de vigilancia y control, las partes suscribieron un acta de liquidación previa a la fase de ejecución del contrato. Así, se evitó un posible detrimento patrimonial en el departamento por algo más de $756’000.000.
El ente acusador informó que los señalados no aceptaron los cargos imputados por estos hechos.