El general William Ruiz y Diana Muñoz son las primeras cabezas que ruedan por el caso de la excongresista condenada por corrupción

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Las cabezas de Diana Muñoz, directora del Buen Pastor, y el general William Ruiz, director del Inpec, fueron las primeras que rodaron por el error que le permitió a la excongresista Aída Merlano fugarse de las autoridades.

La ministra de Justicia, Margarita Cabello, pidió la dimisión de ambos funcionarios y además de la subdirectora de la cárcel.

Asimismo, el permiso para acudir al odontólogo será objeto de investigación por parte de las autoridades, ya que a esto se suma el bajo nivel de seguridad que tenía la excongresista, pese a la alta condena y su relevante perfil.

Por lo menos, según se ha podido confirmar, a dicha cita acudió Merlano acompañada solamente por dos guardas de seguridad.La dragoneante que la vigilaba y el conductor del vehículo del Inpec en el que se trasladaron. 

Incluso, también se confirmó que dichos guardias estaban sin los equipos de seguridad que requieren los condenados.

¿Quién es quién?

El oficial Ruiz había llegado al cargo el 2 de febrero cuando se posesionó ante la entonces ministra de justicia Gloria María Borrero. 

Tras 33 años de servicio en la Policía, el oficial había ocupado otros cargos como Comandante de la Región de Policía Número tres, integrada por las metropolitanas de Pereira y Manizales y los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.

También se ha desempeñado en diferentes unidades y grupos policiales, ha ocupado cargos como la Jefatura del área de interdicción de la Dirección de Antinarcóticos, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, comandante de la Región Número uno y Director de Bienestar Social.

Por su parte, Muñoz es abogada con especialización en contratación estatal, desde 1995, de acuerdo con la información reportada en el Sigep (directorio de funcionarios públicos), ha trabajado con el Inpec.

Otros implicados

El director de la Policía, el general Óscar Atehortúa, dijo que hay una alta posibilidad de que el ortodoncista que la estaba atendido la hubiera ayudado para su fuga.

“Es evidente que hubiese podido informar oportunamente, evitarlo de alguna manera”, dijo el uniformado.

Según indicaron los testigos, el odontólogo que atendió a Merlano salió del consultorio en el momento de la fuga, por lo que, estos hechos son materia de investigación para identificar si hubo complicidad por parte del especialista o de la administración de 'La Sabana'.

La cámara de seguridad del lugar captó el momento en que la excongresista descendió al primer piso por una ventana que da hacia la calle, con ayuda de una soga, para después escapar con un hombre motorizado vestido como domiciliario, quien la recogió al frente del edificio. 

La exsenadora había sido trasladada desde la cárcel El Buen Pastor, donde paga su condena, al centro médico La Sabana, ubicada en la Carrera Séptima con calle 119. Patrullas de la Policía hicieron presencia después de que se denunciara su fuga. 

Se ofrecen $10 millones de pesos para quien brinde información que logré dar con el paradero de Merlano y los cómplices de su fuga.

Su expediente

La excongresista fue sentenciada hace menos de un mes a 15 años de cárcel por corrupción electoral después de que la Corte Suprema la encontrara culpable de los delitos de concierto para delinquir y compra de votos. 

La Fiscalía había acusado a Merlano de ser la líder de una empresa criminal que habría comprado votos en el Atlántico y de haberse gastado alrededor de $6.000 millones para conseguir su elección el 11 de marzo de 2018, cuando alcanzó 73.250 votos. 

Según el testigo principal de la investigación, Francisco Valencia, el grupo delictivo que lideraba la excongresista lo conformaban 2 mil personas aproximadamente, algunos de ellos encargados de conseguir votos y zonificar sufragantes. Entre los colaboradores se encontraban funcionarios de la Registraduría que informaban, con anterioridad, sobre los votantes que participaban en la jornada electoral.

El exfiscal Néstor Humberto Martínez, aseguró que la organización contaba con administradores que manejaban los recursos; "pagadores" que entregaban contraseñas en la casa de los líderes; "coordinadores" que entregaban contraseñas en casas de apoyo; "punteadores" encargados de revisar listas de líderes y votantes reclutados; y "didactas" que debían "enseñar" a la gente reclutada cómo debía votar.

En septiembre de 2018, Merlano perdió su investidura después de que el Consejo de Estado lo decidiera argumentando que la excongresista conservadora vulneró los topes máximos de financiación electoral.

Según el Alto Tribunal de lo contencioso administrativo, se encontró evidencia de la existencia de una organización liderada o dirigida por Merlano, que tenía como propósito "afectar la libertad de los electores", a través del ofrecimiento y entrega de sumas de dinero a cambio de su voto.

Semanas atrás la Corte Suprema compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que abra investigación al empresario barranquillero Julio Gerlein, cercano a la exsenadora, por presuntas irregularidades con la compra de votos. Así mismo, a los congresistas Arturo Char y Laureano Acuña Díaz, la diputada Margarita Ballen, los concejales Aissar Castro, Vicente Tamara, Juan Carlos Zamora, Jorge Rangel y Adalberto Llinas.