La Procuraduría General de la Nación pudo establecer que persisten las dificultades en el suministro de agua potable, deficiencias en los servicios de salud, alimentación y en el funcionamiento del cuerpo de custodia y vigilancia, que han generado al menos 16 muertes de personas privadas de la libertad por diferentes enfermedades.
A esto se suma un episodio en el que cuatro internos fueron presuntamente torturados y abusados sexualmente por otros internos sin que la guardia lo advirtiera.
Durante la inspección, el equipo de la Delegada para los Derechos Humanos pudo constatar que, de acuerdo con los informes técnicos, el agua que llega al Interior del penal no es apta para el consumo humano, además hay brotes activos de tuberculosis, varicela, paludismo, entre otras, que no son tratados de manera adecuada por los servicios médicos y que, por cuenta del intenso calor, los alimentos se descomponen muy rápido generando intoxicaciones constantes.
Entre los compromisos definidos con las entidades citadas a la mesa de trabajo, que se llevó a cabo tras la inspección, está la organización de una brigada interinstitucional para conocer las situaciones de salud y el estado de los procesos jurídicos de las personas privadas de libertad, PPL, para atenderlas de manera ágil y adecuada.
Frente a la falta de agua potable, el viceministro de Justicia y el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios, USPEC, se comprometieron a que el suministro sea constante y suficiente lo antes posible, revisando todo el sistema hidráulico del penal para detectar en qué punto ocurre la contaminación y explorando la posibilidad de tener una conexión directa con el acueducto regional para contar con agua debidamente tratada.
Frente a la crisis alimentaria, y la falta de combustible para el traslado de PPL a servicios médicos, los funcionarios anunciaron que tomarán medidas para que los contratistas de la USPEC cumplan a cabalidad con sus deberes.
Finalmente, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, aseguró que hará seguimiento a los resultados de la investigación que adelanta el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, frente al caso de las torturas y agresiones sexuales para determinar si es necesario asumirla por poder preferente.
El procurador Sarmiento aseguró que de persistir estas fallas e incumplimientos, la Procuraduría iniciará las acciones disciplinarias a la que haya lugar.