El 21 de febrero el historiador y docente Rubén Darío Acevedo Carmona asumió como director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), a pesar de la polémica que generó su nombramiento por parte del presidente Iván Duque.

Las discrepancias de las organizaciones de víctimas con el nuevo funcionario comenzaron a raíz de varias declaraciones que hizo Acevedo días antes de su designación.

En una entrevista aseguró que “hay quienes sostienen que lo vivido en Colombia fue un conflicto armado, algo así como un enfrentamiento entre el Estado y unas organizaciones levantadas contra él; otros piensan que fue la defensa del Estado ante una amenaza terrorista y de unas organizaciones que habían degenerado en su perspectiva política al mezclarse con el secuestro, el narcotráfico y los crímenes de lesa humanidad. Aunque la Ley de Víctimas dice que lo vivido fue un conflicto armado, eso no puede convertirse en una verdad oficial”.

Esto, sumado a otros trinos en los que afirmó que el CNMH está “infiltrado” por las Farc, motivó su rechazo por parte de las organizaciones sociales. Tanto así, que un colectivo integrado por 126 organizaciones de víctimas y de derechos humanos de todo el país anunció que se retira de la entidad y que inició el trámite para recoger todos los archivos que habían depositado allí como parte del patrimonio histórico del país con relación al conflicto armado interno.

Adriana Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad de Medellín, explicó que “no vemos confianza, no estamos seguros, sabemos que es información muy delicada la que reposa en esa entidad”.

Por su parte, Reinaldo Villaba, del colectivo José Alvear Restrepo, agregó que “las víctimas del conflicto armado quedan en total y completa desprotección”.

Entre tanto, Leyner Palacios, vocero del Colectivo de Víctimas de Bojayá, dijo que se retiran del CNMH porque “un funcionario que desconoce la existencia del conflicto armado en el país no puede recopilar la verdad de la memoria de la guerra en Colombia”.

Mientras, la presidente de la Unión Patriótica, Aída Avella, argumentó “falta de garantías reales para la salvaguarda y buen uso en la reconstrucción de la memoria encaminada a la consecución de la verdad que Colombia merece”.

Avella dijo que en los documentos depositados en el CNMH “hay mucha información sensible de personas que militamos en la UP, que fuimos perseguidos y amenazados y sobrevivimos al genocidio político de la UP”.

En su defensa, Acevedo ha dicho varias veces que sus opiniones personales “no afectarán” su labor como funcionario público.

En carta al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, con quien se reunirá la semana entrante, Acevedo expresó que “como funcionario público debo honrar y cumplir los límites que las leyes relativas a mi cargo estipulan, pero también, porque como historiador profesional que soy y por formación y experiencia académica y profesional conozco la importancia de conservar y mantener la integridad de las fuentes, en este caso, las memorias de las víctimas”.