EL NUEVO SIGLO: Ante la violencia en contra de líderes sociales ustedes piden no fijarse solo en las frías estadísticas sino en que también se le dé a este fenómeno un análisis político y humano…
DIANA SÁNCHEZ LARA: En 2011 sacamos un boletín que se llamó ‘Más allá de las cifras’, en donde llamamos la atención que no se trataba solamente de números, de un problema cuantitativo, sino de un problema humano, y eso lo hemos venido reiterando.
Hoy, siete años después, el debate está puesto otra vez en las cifras si son menos, si son más, si hay subregistro, si hay un sobreregistro. Entonces decimos que las cifras son importantes pero no son el problema en sí.
El problema es que se denota un crecimiento de las agresiones, de la criminalidad contra estas personas. No centremos el problema en las cifras sino en qué hay detrás de estas personas. Detrás de estas personas, además del alto sacrificio que han hecho toda su vida por luchar por los derechos de sus comunidades, de sus procesos organizativos, además son personas muy desprotegidas normalmente de sectores populares, justamente luchan por derechos porque no los tienen.
Entonces son personas con muchas carencias económicas, físicas y de reconocimiento, pero cuando son asesinadas sus familias quedan altamente desprotegidas, peor que antes porque normalmente las cabezas de familia son las que sostienen económicamente. Hicimos una aproximación, un pequeño estudio exploratorio el año antepasado, con un número de familias de personas que han sido asesinadas de estos liderazgos, y encontramos que esas familias se desplazaron, se desestructuraron, quedaron en peores condiciones económicas y sociales, y que el Gobierno colombiano por supuesto no tiene idea de qué pasa con ellas, no le hace ningún tipo de seguimiento, no hay ningún tipo de reparación. Es decir, aún hay una tragedia mayor después del asesinato de estos líderes sociales.
Por otro lado, todas las comunidades siempre tienen vocerías o liderazgos sociales, que son como un faro que la gente sigue, y cuando los quitan del camino por supuesto que esa comunidad queda muy afectada y tiene dificultades para sostenerse.
ENS: El presidente Duque anunció la expedición de una política pública para la protección de líderes sociales, ¿considera usted que será suficiente para detener la violencia en su contra?
DSL: Lo primero que hay que decir es que no creemos que eso se vaya a hacer pronto porque los movimientos de derechos humanos y sociales venimos discutiendo hace una década con el gobierno anterior una ruta metodológica, política, jurídica para crear esa política pública que genere las garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, y eso no se ha logrado del todo, se han logrado algunas cosas.
Y eso lleva muchos años y en este Gobierno en un mes es imposible hacerlo. Si creen que es de cero que se va a hacer, pues ni pensar que en un mes va a salir una política pública. Si se va a retomar el acumulado que tenemos desde hace mucho tiempo pues es posible que se logre articular algo, pero tampoco podría salir la política porque una política no es sacar un decreto y listo.
Y tercero hay que remover situaciones de contexto que efectivamente se dan en los territorios y a nivel nacional, que de no cambiarse esas condiciones, de no afectarse esos actores agresivos y violentos contra los liderazgos sociales, por más que se haga una política pública es irrealizable cuando los contextos siguen muy emproblemados y con la tendencia a incrementarse la violencia en muchos territorios.