Todavía esta semana se estará hablando del jalón de orejas del presidente norteamericano Donald Trump al mandatario colombiano Iván Duque por el tema del narcotráfico.

Sin embargo, un aspecto que ha escapado a los ojos acuciosos de los analistas es que la definición de una política efectiva frente al problema de los narcocultivos y su transformación en drogas ilegales que luego son enviadas a Estados Unidos y Europa no depende solo de la coordinación entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño.

En Colombia, las múltiples facetas que integran la estrategia involucran la intervención a veces armónica, pero siempre independiente, de las tres ramas del Poder Público: la Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial.

Claramente el Gobierno, tras lo dicho por Trump, salió a defender su gestión.

El miércoles, Duque afirmó en la Asamblea de la Cámara de Comercio Colombo Americana que en los últimos años, de 2012 a 2018, “los grupos de erradicación manual se redujeron de más de 250 a 23”, pero destacó que en los casi nueve meses de su gobierno estos grupos se aproximan a 100 y “los seguiremos expandiendo”, enfatizando que “hemos destruido más de 4.000 laboratorios” y se está enfrentando con determinación el “fenómeno de los cristalizaderos”, manifestando que las acciones en contra del lavado de activos han arreciado y “queremos ser cada vez más efectivos en la interdicción”.

Sin embargo, un aspecto que el gobierno Duque considera clave para mejorar sus cifras es la aspersión con glifosato, tema que no depende del Ejecutivo, sino de la Rama Judicial del Poder Público, más exactamente de la Corte Constitucional.

El mismo miércoles, Duque reconoció “las adversidades” ocasionadas por la limitación de la capacidad de aspersión y recordó que fue a la Corte Constitucional, donde expuso, de manera franca, argumentos “frente a estos fenómenos, para que tengamos una modulación que nos permita ejercer esa práctica con todo el rigor y la responsabilidad”.

Tras destacar que “mientras esa herramienta no esté, seguiremos siendo contundentes en la erradicación manual”, Duque agregó que “la prueba de ello es que solamente en 2018, nosotros logramos cifras récord en la erradicación manual, y en lo que va corrido del año llevamos 16.000 hectáreas erradicadas, con la meta de superar las 80.000  hectáreas para finalizar este año”.

En tres oportunidades, la Corte Constitucional ha evaluado el uso del glifosato y la aspersión aérea para combatir los cultivos ilícitos. De acuerdo con las conclusiones de las sentencias, la Corte ha evidenciado posibles afectaciones a la salud y al medio ambiente con el uso del herbicida.

Extradición

No menos importante es la continuidad de un mecanismo de cooperación judicial ponderado en Colombia y Estados Unidos: la extradición. Pero este asunto tampoco depende de la Casa de Nariño. Como ocurre con el caso concreto de Zeuxis Pausias Hernández, ‘Jesús Santrich’, primero es la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) la que se pronuncia sobre si el procesado pierde la garantía constitucional de no extradición y luego será la Corte Suprema de Justicia la que diga si la solitud norteamericana cumple con los requisitos para que el presidente Duque proceda en lo de su competencia.

Como lo publicó hace un mes EL NUEVO SIGLO, por considerar que los delitos de los que se le acusan se habrían cometido después del 1 de diciembre de 2016, la Procuraduría recomendó que el proceso de extradición de ‘Santrich’, surta su proceso ordinario.

La Procuraduría conceptuó que en este caso no procede la garantía de no extradición por cuanto el requerimiento de extradición formulado por Estados Unidos se refiere a hechos posteriores a la firma del acuerdo final.

A propósito, ya el Gobierno lidera con las bancadas que lo apoyan el proyecto que rompe toda posible conexidad con el delito político de conductas punibles como el secuestro y el narcotráfico. Sin embargo, claramente es una materia en la que la última palabra la tiene el Congreso.

Precisamente, la Comisión Primera de la Cámara ya aprobó en quinto debate el proyecto de acto legislativo 072 de 2018, que adiciona dos artículos a la Constitución y estipula que en ningún caso el delito del secuestro ni los relacionados con fabricación, tráfico o porte de estupefacientes serán considerados delitos políticos o conductas conexas a estos.

Reforma a la JEP

Otra tarea que le compete al Congreso es la reforma a la JEP.

El proyecto de acto legislativo que modifica el Artículo 44 de la Constitución y que garantiza la máxima protección para todos los niños colombianos fue presentado esta semana ante la Secretaría del Senado por la ministra de Justicia, Gloria María Borrero.

Este es uno de los tres aspectos que el Gobierno se propuso reformar del acto legislativo 02 de 2017, que creó un blindaje para que lo acordado no pudiera ser echado para atrás por los tres gobiernos siguientes, tal como lo anunció el presidente Iván Duque el 10 de marzo, cuando también informó sobre las objeciones a la ley estatutaria de la JEP.

El 10 de marzo Duque anunció la presentación de la reforma de tres aspectos de la JEP. El segundo punto de la iniciativa, dijo, “debe dejar claro que quien reincida en las actividades criminales perderá todos los beneficios”. Y al explicar el tercer aspecto, el Presidente de la República indicó que “debe dejar claro que todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del 1 de diciembre de 2016, y que continúen ejecutándose después de esa fecha, serán competencia de la justicia ordinaria para asegurar los principios de justicia y no repetición”.

Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, explicó que los otros dos aspectos anunciados por Duque se presentarán el 20 de julio.

Sobre las reformas que impulsa el Gobierno, la Ministra aclaró que no afectarán el actual acuerdo de paz con las Farc, pero sí operará para los próximos diálogos con grupos armados.