Especial atención para más de 300 mil niños venezolanos que han llegado a Colombia por cuenta de la crisis migratoria, pidió la Defensoría del Pueblo al Gobierno nacional.

De acuerdo con el informe, los menores migrantes, especialmente los indocumentados, están expuestos a situaciones de alto riesgo por cuenta de diferentes tipos de violencia sexual, trabajo infantil o explotación laboral y la trata de personas.

“Lógicamente, el gran trabajo que tenemos que hacer todos los colombianos es generar recursos para que ningún niño, niña y adolescente, colombiano, pero tampoco venezolano porque somos hermanos, se quede sin atención”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.

El informe advierte que aunque existe una política integral migratoria, esta va dirigida a la población en general, sin especificar acciones respecto a niños, niñas y adolescentes migrantes, nacionales, extranjeros o con doble nacionalidad. Por esta razón le hace una serie de recomendaciones al Gobierno en esa materia.

De acuerdo con el organismo humanitario, los preocupantes resultados llevan a concluir que aunque existe una política integral migratoria, esta va dirigida a la población en general, sin especificar acciones respecto de niños, niñas y adolescentes migrantes, nacionales, extranjeros o con doble nacionalidad; así mismo, llevan a cuestionarse sobre la eficiencia y eficacia de las políticas, programas y estrategias dirigidas a detectar y prevenir estas vulneraciones, como su restablecimiento.

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El informe presenta la caracterización de los niños, niñas y adolescentes nacionales y migrantes en riesgo o víctimas de violencia sexual, trabajo infantil o explotación laboral en los departamentos de frontera; los factores, prácticas y espacios protectores y de riesgo, que inciden en la garantía de los derechos y las recomendaciones defensoriales a las instituciones con responsabilidad en los temas abordados.

Por lo anterior, la Defensoría del Pueblo presentó una serie de recomendaciones a entidades y autoridades como el Ministerio de Relaciones Exteriores; el Departamento Nacional de Planeación; el ICBF; Migración Colombia; autoridades consulares; gobernadores y alcaldes de los departamentos y municipios de frontera, para que contemplen acciones específicas para la atención de la infancia y la adolescencia que se encuentre en situaciones de inobservancia, amenaza o vulneración de sus derechos, migrantes, nacionales o extranjeros, con énfasis en las problemáticas que se han constituido en prácticas sociales y que naturalizan la violencia sexual en todas sus formas, el tráfico, el trabajo infantil y la trata de personas.