La Procuraduría General de la Nación solicitó a los ministerios del Interior, Defensa, Igualdad, Cancillería, ICBF y a gobernantes departamentales y locales, tomar medidas urgentes para contrarrestar los vejámenes de los que son víctimas los migrantes irregulares que transitan por el país.

En Circular expedida en el marco del Congreso Internacional de Derechos Humanos, Género y Enfoque Diferencial, la Jefe del Ministerio Público aseguró que es deber del Estado garantizar los derechos de estas personas con necesidades de protección internacional, formulando planes y estrategias que determinen condiciones mínimas de dignidad y respeto, teniendo en cuenta el enfoque diferencial para incluir las necesidades especiales de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres y personas LGBTIQ+.

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En el documento se asegura que, según datos de Migración Colombia, entre 2012 y 2024 han transitado por el país 1.010.834 migrantes irregulares de distintas nacionalidades, muchos de las cuales han sido sometidas por los traficantes de personas que los cooptan, a trabajos forzados, abusos sexuales, esclavitud y prostitución infantil, entre otros delitos que se enmarcan en la trata de personas, aprovechándose de su condición de vulnerabilidad.

Entre los resultados expuestos durante el Congreso Internacional de Derechos Humanos, Género y Enfoque Diferencia, la Procuraduría ha demostrado que en algunas regiones del país se instrumentaliza a la población migrante en actividades de minería ilegal o como prestadoras de servicios sexuales, especialmente en ciudades que reciben altos flujos de extranjeros para desarrollar actividades de turismo sexual.