La Procuraduría General de la Nación indicó que los nuevos macrocasos abiertos por la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- deberán ser tratados de manera amplia, no excluyente, en especial en aquellos territorios donde no hay condiciones de seguridad para las víctimas. 

Al respecto el procurador Delegado con Funciones de Coordinación ante la JEP, Jairo Acosta, señaló que en “buena parte de los territorios donde hay víctimas distantes no han tenido la suficiente oportunidad de reconocer este proyecto, situación que es un claro indicador de que no ha llegado a esos territorios la garantía de no repetición contemplada en el Acuerdo de Paz”. 

Durante su intervención en una de las últimas audiencias de observaciones de víctimas organizadas por la JEP en diferentes departamentos, Acosta Aristizábal precisó que no puede haber un desconocimiento o exclusión de las condiciones de las víctimas del conflicto armado, “en la medida en que cualquier mora o dilación puede suponer una revictimización y una acción con daño”.  

Sostuvo que es de gran importancia que en todos los macrocasos abordados por esa justicia transicional se asuma una interpretación pro-víctima, en la que no se deje por fuera a ninguna de ellas.

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Agregó que para los tres nuevos macrocasos abiertos y dar continuidad a los siete vigentes se requiere una plataforma vigorosa en la JEP, así como fortalecer la Sala de Reconocimiento porque “tememos que pueda suceder que no tenga la fortaleza, aunque sí las intenciones, para poder avocar los casos que llegan, y también nos preocuparía muchísimo que se dejen de lado o se interrumpa el ejercicio en los casos que avanzan”, concluyó. 

En agosto pasado, la Procuraduría solicitó a la JEP abrir cuatro nuevos macrocasos por desaparición y desplazamiento forzado, violencia sexual y métodos de guerra ilícitos. 

En la petición el Ministerio Público incorporó un análisis cualitativo y cuantitativo de cada uno de los hechos victimizantes que se recopilaron de diferentes fuentes de información, incluidas instituciones del Estado y las organizaciones de víctimas que pidieron a la Procuraduría intervenir ante la JEP para que se materialice la selección de estos nuevos macrocasos y se cumpla con la obligación de juzgar los graves crímenes internacionales ampliamente documentados por la Entidad. 

Teniendo en cuenta la magnitud de la victimización de casos y, a su vez, la identificación de las prácticas macrocriminales perpetradas por actores armados a lo largo del conflicto, el ente de control pidió a la JEP que para estos macrocasos se desarrollen estrategias de investigación que respondan a las demandas y afectaciones de las víctimas, dado que resulta imperioso superar las condiciones que llevaron a la ocurrencia de estos hechos y garantizar su no repetición.