La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha solicitado ante la Procuraduría, iniciar una investigación sobre los posibles fallos en la protección a firmantes del Acuerdo de Paz tras el asesinato de 35 miembros de las extintas FARC.

Según ha destacado la JEP, en el conjunto de los crímenes se encuentra un probable patrón común y considera que los posibles fallos en la protección de los firmantes afecta directamente a las garantías de seguridad que se prometieron, según recoge el diario 'El Espectador'.

Magistrados de la Sala de Reconocimiento han pedido a la Unidad Nacional de Protección (UNP), poner en marcha una metodología de análisis de estas muertes basada en patrones de victimización con el fin de evitar nuevos casos.

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Así, los magistrados han recomendado implementar un procedimiento que permita atender las amenazas u ofertas de reclutamiento que reciben los comparecientes, a la par que han puesto de manifiesto la importancia de crear un mecanismo de respuesta ágil que atienda estos casos pues consideran que, "en muchos casos", los comparecientes "son asesinados por no aceptar el ofrecimiento de grupos ilegales y en otros se tiene que desplazar o terminan reincidiendo".

Según la Unidad de Investigación y Atención de la JEP, hay al menos cinco fallas detectadas en los 35 asesinatos. Para la Unidad, habría errores en el envío de solicitudes de protección que presentan diferentes instituciones del Estado a la Subdirección Especializada de la UNP.

Finalmente, los investigadores de la mencionada unidad han constatado que apenas transcurrieron diez de media entre la presentación de la solicitud para la protección y el asesinato de los exguerrilleros. En la mayoría de los casos, las solicitudes quedaron en la etapa de análisis de riesgo y se habían saldado como riesgo "ordinario".