Intervenir para “asegurar que sean individualizados, procesados y llevados ante la justicia los máximos responsables” de las ‘chuzadas’ a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos le pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) la red Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu).

La solitud se conoció ayer coincidiendo con la destitución del coronel Juan Esteban Zapata, agregado militar de la Embajada de Colombia en Washington.

El coronel Zapata, quien fue jefe de Brigada de Inteligencia Número 1, fue informado el 3 de mayo que se daba por terminada su comisión diplomática, según lo informó ayer El Tiempo.

El Ejército ni el Ministerio de Defensa confirmaron la razón de su salida, pero una fuente gubernamental le explicó a Europa Press que Zapata es uno de los 12 oficiales llamados a calificar servicios tras el escándalo de las escuchas ilegales.

“De los 12 oficiales que se anunció, serán llamados a calificar servicios, 10 ya fueron notificados y sobre los dos restantes se está surtiendo el trámite administrativo para su notificación, por lo que previo a esa notificación no es posible confirmar sus identidades”, explicó la fuente.

El coronel volvería en un vuelo humanitario militar colombiano, programado para el 20 de mayo.

Como lo publicó EL NUEVO SIGLO, a principios de año la revista Semana reveló que algunas unidades se habían dedicado a utilizar “equipos de última generación” para “saber en qué andan algunos periodistas, políticos, magistrados e incluso coroneles, generales y comandantes”.

Semana informó el 2 de mayo que, en concreto, se hicieron perfiles de periodistas, tanto colombianos como extranjeros, sindicalistas y políticos, incluidas personas cercanas al presidente Iván Duque.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció que 11 oficiales fueron apartados y un general de brigada solicitó el retiro voluntario ante las últimas revelaciones de Semana. Duque pidió llegar hasta el fondo del asunto.

Colombia ya se vio inmersa en un escándalo de espionaje hace casi una década por las ‘chuzadas’ efectuadas por el liquidado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Su exdirectora, María del Pilar Hurtado, fue condenada a 14 años de cárcel.