Un llamado al Gobierno nacional y a la Gobernación del Putumayo para que definan cuanto antes estrategias eficientes que solucionen el retraso en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), formuló la Procuraduría General de la Nación.
De acuerdo con el Ministerio Público, la falta de recursos ha generado el incumplimiento para la puesta en marcha de proyectos productivos en favor de las 20.331 familias del departamento que se acogieron al programa PNIS, la contratación de recolectores que realicen actividades de gestión comunitaria y el avance en la provisión de bienes y servicios públicos.
Del total de familias beneficiarias del programa en Putumayo, 11.874 se vincularon en calidad de cultivadores; 4.624 como no cultivadores, y 3.833 como recolectores y de este grupo 2.246 familias de los municipios de Puerto Guzmán, Valle del Guamuez y Puerto Asís, se encuentran suspendidas del programa.
Por ello, la Procuraduría pidió acelerar el trámite administrativo y resolver la petición de continuidad a la mayor brevedad. Además, demandó medidas de seguridad para este grupo de población.
El organismo de control así mismo, pidió al Gobierno establecer una ruta clara con modelos alternativos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, y crear un espacio de trabajo con las familias que no están vinculadas al PNIS.
El propósito es vincular de manera permanente a los representantes de la Gobernación de Putumayo y de las alcaldías de Puerto Asís, San Miguel, Valle del Guamuez, Orito, Puerto Caicedo, Villa Garzón, Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, para dar respuesta a las problemas que enfrentan la comunidades con relación o por origen de los cultivos ilícitos.
Seguridad
Por otra parte, el Ministerio Público pidió activar con urgencia la Mesa de Derechos Humanos para que se garantice la seguridad, vida e integridad de los campesinos de Putumayo y retomar de manera prioritaria los espacios de diálogo con las comunidades campesinas.
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Esto, debido las alteraciones de orden público que cobraron la vida de un campesino en las manifestaciones del 3 de julio, además de un joven que perdió una de sus vistas en enfrentamientos con el Esmad de la Policía Nacional el pasado 20 de julio.
Cultivos
De acuerdo con el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas sobre cultivos ilícitos, en el sur del país se concentra el 28% de los cultivos de hoja de algo, unas 23 mil hectáreas, de las cuales han sido erradicadas manualmente un poco más de 1.300 en los municipios de Puerto Guzmán, Puerto Asís y Puerto Leguízamo.
Sin embargo, ante el incumplimiento de los gobiernos Nacional y Departamental, en las últimas semanas se han registrado varios enfrentamientos de campesinos cocaleros con la Fuerza Pública.
A pesar de que a instancias de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y otras entidades regionales se buscó un acercamiento, el Gobierno ratificó que la erradicación forzada continuará.
A comienzos de julio, se produjo una escaramuza de la Fuerza Pública con campesinos en la vereda Siloé, donde falleció un menor de 15 en circunstancias aún no esclarecidas.
Incluso ayer, las autoridades informaron de tres erradicadores manuales tras ingresar en un campo minado en zona rural de Puerto Caicedo, Putumayo.
La Policía departamental informó de otras personas heridas que fueron trasladas a la capital departamental.
“En la Vereda Brisas del Picudo, en el corredor conocido como Puerto San Pedro y Arizona, zona rural del municipio de Puerto Caicedo, un artefacto explosivo improvisado detonó y afectó a un policía y dos erradicadores. Un uniformado más y dos personas civiles resultaron heridas”, dijo el comandante de la Policía Putumayo, coronel Francisco Gélvez.
El oficial agregó que el miércoles pasado, los erradicadores de cultivos ilícitos fueron atacados por un grupo de personas con elementos contundentes mientras realizaban la labor.
Por todos estos hechos, la Procuraduría les pidió a las autoridades no solo cumplir con los ofrecimientos del programa PNIS, sino brindar garantías de seguridad a los campesinos de la región que se acogieron a la política de sustitución ilegal de cultivos en el sur del país.
El Ministerio Público informó que “continuará con el seguimiento a los compromisos y avances que se desprendan de los espacios de diálogo, para garantizar que se concreten acciones puntuales que garanticen el respeto a la vida de las campesinas y los campesinos del departamento de Putumayo”.