El Gobierno, la Policía Nacional, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá concluyeron ayer la tercera mesa de trabajo para avanzar en la consolidación de un protocolo que module las protestas, pero solicitaron al Tribunal de Cundinamarca una extensión en los tiempos y una precisión sobre el alcance que debe tener el documento en el que ya vienen trabajando todas las entidades arriba mencionadas.

“Le hemos sugerido y solicitado a la señora magistrada y al Tribunal de Cundinamarca, que se establezca un plazo mayor a tres días, porque es francamente imposible que podamos llegar a ese protocolo, que regula además derechos fundamentales y que eventualmente requeriría normas de carácter estatutario; y por otro lado, a que nos aclare el alcance de dichas medidas a corto mediano y largo plazo que debemos establecer y sugerir para solucionar lo que el Tribunal considera un antagonismo”, precisó la alcaldesa López, quien sugirió que se les conceda un plazo que podría ser de 60 días, para el establecimiento de ese protocolo, además de hacerlo consistente.

Diferencias de interpretación

Al Tribunal también se le solicitará aclaración sobre algunos aspectos del Auto, toda vez que en las mesas de trabajo se evidenciaron diferencias en la interpretación. Por esta razón, el plazo que se conceda a las entidades interesadas, se utilizará para armonizar este protocolo con el que se va a discutir y desarrollar en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia.

De hecho, a ese respecto la Alcaldesa dijo que este fue un requerimiento que se hizo de común acuerdo con todas las personas que fueron accionadas y requeridas; a su vez refirió que el protocolo que se está solicitando deberá pensar en cómo facilitar y asegurar la movilización pacífica sin que haya infiltración violenta, pero también indicó que dicho documento debe contener la instrucción de la Corte Suprema de Justicia, de que haya un estatuto que prevenga los abusos de la Fuerza Pública o los excesos policiales durante dichas manifestaciones.

“De esta manera, seguiremos trabajando de manera mancomunada como nos lo han instruido a la Policía, la Gobernación de Cundinamarca, la Presidencia de la República y la Alcaldía Mayor de Bogotá, para que lleguemos a soluciones de fondo y estructurales, que más que antagonismos diría yo, están para asegurar la manifestación pacífica y prevenir las acciones violentas o vandálicas, pero también para asegurar que sea siempre un ejercicio legítimo de la Fuerza Pública, y que si hay casos de abusos sean sancionados eficaz y oportunamente. Seguiremos trabajando en esa dirección”, finalizó diciendo la alcaldesa López.

Es importante recordar que el objetivo final de la Administración es el de encontrar soluciones de corto, mediano y largo plazo, a lo que el tribunal considera es un antagonismo entre la sociedad civil y la Fuerza Pública, a la vez que todo ello quede contemplado en un protocolo que permita la manifestación de las organizaciones sociales, pero a su vez, prevenga la infiltración de actos violentos o acciones ilegales durante los mismos.

A la luz de eso, el Distrito por ejemplo ya tomó la decisión y tiene claro que conformará una mesa de trabajo que sesionará mínimo una vez al mes, la cual tendrá como invitadas a la Personería de Bogotá, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, las organizaciones sociales como la Veeduría Distrital, el representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, para hacerle monitoreo al tema.

Así mismo, en los últimos tres días, el Distrito precisó que la Alcaldía Mayor actualizará y robustecerá el protocolo de actuación para las movilizaciones sociales en la Capital en aspectos como la proporcionalidad en el uso de la fuerza, de acuerdo con los comportamientos que se puedan dar durante una protesta.

Y respecto a las armas ya es claro que la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia realizará, en conjunto con la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana, una revisión de los artefactos de letalidad reducida con el fin de acoger las sugerencias realizadas por organizaciones internacionales en cuanto a su uso. Y a este respecto, la Alcaldía reiteró la prohibición, por parte del Distrito, al uso de armas letales como de fuego y escopetas calibre 12 por parte del Esmad en el manejo de movilizaciones y protestas sociales.