El presidente de la República, Gustavo Petro, declaró insubsistente a José Antonio Salazar secretario general de la Cancillería por entregar la licitación de pasaportes a Thomas Greg And Sons.
El mandatario anunció la destitución inmediata, tras acusaciones de traición y corrupción. Petro afirmó: "El secretario general de la cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata".
Las acusaciones del presidente no se detuvieron ahí, sino que también señaló la presunta corrupción en el contrato, vinculando la capacidad de una empresa particular en los procesos de Thomas Greg & Sons, así como la monopolización de datos privados por parte de una sola entidad privada.
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"El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada", declaró Petro, enfatizando la necesidad de que "toda la investigación penal debe desarrollarse".
El secretario general de la cancillería nos ha traicionado. Se firna su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí esta metida la capacidad de la empresa particular en todo los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopilización de todos los datos privados en una… https://t.co/fT0109Qfuv
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 26, 2024
Sobre el contrato
El contrato de pasaportes fue otorgado a Thomas Greg & Sons por decisión de la Secretaría General de la Cancillería, revocando las decisiones previas del Canciller Álvaro Leyva. Se expidieron tres resoluciones en este proceso: una revocando la declaración de desierto del proceso de licitación, otra finalizando el estado de urgencia manifesta para contratar, y la tercera adjudicando el contrato a Thomas Greg & Sons por más de 599.000 millones de pesos.
La Procuraduría señaló que Leyva cometió dos faltas disciplinarias: declarar desierta la licitación sin fundamentos adecuados y decretar urgencia manifiesta sin causales suficientes. La licitación fue suspendida tres veces antes de ser declarada desierta en septiembre.
La empresa inició un proceso de conciliación extrajudicial reclamando $117.000 millones por perjuicios y daño reputacional al ser declarada desierta la licitación, pero al no llegar a un acuerdo, demandó a la nación por la misma cantidad.