Los pescadores manifestaron su preocupación por el incremento de la piratería, especialmente en el Pacífico.

Judith Segura, representante de la pesca industrial de Buenaventura, informó que tienen unas 100 embarcaciones con permisos para hacer la faena de pesca, pero que solo 28 pueden realizar la actividad por los altos costos de operación y por el riesgo que conlleva el incremento de la piratería.

“Nos atracan, nos despojan de nuestra mercancía. Este flagelo está creciendo cada día. Pido que el Gobierno aumente el pie de fuerza en el mar, para que haya una permanente vigilancia y se proteja a los pescadores de la región”, sostuvo Segura la semana pasada en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional durante la audiencia pública denominada “Colombia y el Mar”, convocada con el propósito de darles oportunidad a los pescadores del país de dar a conocer las diferentes situaciones que afectan el libre desarrollo de su actividad.

La senadora Aida Avella, de la Lista de la Decencia, fue quien convocó la audiencia. Al abrir el debate, la congresista manifestó que a las personas dedicadas a la actividad pesquera del país se les debe tener en cuenta en la creación de las políticas públicas, tanto departamentales como nacionales, para el buen ejercicio de esta actividad económica. "Todas estas familias deben contar con la infraestructura y los recursos para desarrollo de su labor”.

Por su parte, José Castillo, veedor de la Corporación Ambiental Taganga, le solicitó al Gobierno nacional que se les respete el derecho a mantener una bahía limpia de contaminación.

“Necesitamos tener la libertad de pescar, que no se les decomise las redes a los pescadores, realmente nos tienen sitiados. No permitiremos que construyan el megapuerto en Taganga, porque eso afectará a más de 3 mil familias que viven de esta actividad pesquera y del turismo. Así tendremos más miseria”, dijo Castillo.

En su intervención Carlos Herrera, presidente de la Federación de Pescadores del Magdalena, instó al Congreso a que legisle para proteger los derechos colectivos de los pescadores artesanales del Litoral Caribe y del país.

El dirigente gremial, así mismo, pidió que se haga control político a todas las acciones que realice el Estado en el marco de la expansión de playas turísticas y de desarrollo que tiene el país.

En palabras de Herrera, "los pescadores de la región tienen el problema de la baja producción, ganando menos de medio salario mínimo por familia, eso hace que su situación económica sea muy deprimente y tenga mala calidad de vida”.

Entre tanto, Gonzalo Borda, pensionado de la Flota Mercante Gran Colombiana, hizo un llamado al Gobierno nacional para que se reactive la flota, como un mecanismo para la producción pesquera.

“El Gobierno tiene que concientizarse que tenemos dos océanos y debemos tener la marina mercante”, expresó Borda, quien sugirió que exima de impuesto a quienes inviertan en los buques para ejercer la actividad.

Martha Lucía de la Pava, de Parques Nacionales, encargada del tema pesquero, manifestó que ese organismo trabaja para mantener el desarrollo sostenible de los recursos pesqueros.

La funcionaria expuso que “estamos haciendo una concertación con pescadores, industriales y artesanales para acordar medidas que nos permitan mantener esos recursos y soñar que podemos tener un producto certificado. Tenemos que fortalecer el sector pesquero”.

Al finalizar, la senadora Avella agradeció a los asistentes y les informó que hará control político sobre el mar e igualmente sobre la Isla de San Andrés y Procidencia y Santa Catalina. Así mismo sobre la situación de Taganga, anunció protestas públicas para que se atienda la situación de los pescadores artesanales del país