Una nueva imputación, esta vez por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, hará la Fiscalía General a Orlando José Cabrales Martínez y Felipe Castilla Canales, ex presidentes de Reficar.
De acuerdo con el ente acusador, “el nuevo material probatorio obtenido por el equipo de fiscales e investigadores que ha descifrado el esquema de corrupción en la construcción de la Refinería de Cartagena, el más grave caso de corrupción de Colombia, permitió definir una tercera fase de investigación que pondría al descubierto presuntas inconsistencias en la asignación del multimillonario contrato de gerenciamiento y administración del proyecto”.
Los indicios darían cuenta que el contrato PMC (Project Management Consultant), cuyo valor inicial superó los 95 millones de dólares, habría sido entregado directamente a la compañía extranjera Foster Wheeler & Process Consultant, sin previo concurso público que garantizara una selección objetiva del contratista.
Esta adjudicación ‘a dedo’ habría limitado la participación de otras compañías que podrían haber acreditado el perfil y la experiencia para asumir la gerencia, asistencia y vigilancia de los contratos de construcción de la refinería, las interventorías y otras obligaciones contempladas.
Por esta nueva irregularidad detectada, la Fiscalía imputará el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales a: Felipe Castilla Canales, presidente de Reficar S.A., entre el 29 de abril y el 1 de octubre de 2009. “Es señalado de tramitar el contrato PMC sin convocar concurso público”; Orlando José Cabrales Martínez, presidente de Reficar S.A., entre el 1 de octubre de 2009 y el 21 de noviembre de 2012. “Se le atribuye la celebración del contrato con la firma Foster Wheeler & Process Consultant”.
La audiencia de formulación de cargos se cumplirá el próximo jueves 25 de abril en el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá.
Respecto al exdirectivo de Reficar S.A., Orlando José Cabrales Martínez, esta es la segunda imputación en su contra.
En julio de 2017 fue judicializado como responsable de interés indebido en la celebración de contratos y actualmente cumple medida no privativa de la libertad.
La Fiscalía General dispuso la apertura de una indagación el 16 de febrero de 2016, por los presuntos hechos de corrupción en Reficar.
“Con ocasión a dicha investigación y ante la existencia de información relacionada con la posible destrucción, alteración y ocultamiento de elementos materiales probatorios, se ordenó practicar diligencias de allanamiento a las oficinas de la refinería ubicadas en Bogotá y Cartagena”, anunció entonces.
Nueve meses después el ente acusador anunció que tras el estudio de más de ocho teras de información, un grupo de fiscales, investigadores y expertos financieros de la Dirección Nacional Especializada contra la Corrupción, había concluido la primera fase de la investigación de Reficar.
“Como resultado de la misma se establecieron serias irregularidades ocurridas en los 12 años de desarrollo del plan de modernización de la Refinería de Cartagena que tienen connotación penal y que van más allá de simples problemas de planeación operativa o financiera”.
También anunció el llamado a imputación de cargos Orlando José Cabrales Martínez, Reyes Reinoso Yañez, Felipe Laverde Concha, Pedro Alfonso Rosales Navarro, Nicolás Isaksson Palacios, Philip Kent Asherman, Massoud Deidehban y Carlos Alberto Lloreda Silva.
A la vez llamó a interrogatorio a Isaac Yanovich Farbaiarz, Javier Genaro Gutiérrez, Jaime Leonardo Flórez, Jorge Enrique Carvajales, Andrés Virgilio Riera Burelli, Richard Cohen, Sergio De la Vega Jiménez y Christian Augusto Mantilla Daza.
El pasado 4 de febrero, el juez 31 penal del circuito de conocimiento de Bogotá, había rechazado una solicitud de nulidad respecto del proceso que se sigue en contra de Reyes Reynoso Yáñez y Felipe Arturo Laverde Concha.