La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ordenó liquidar la EPS Coomeva. El Ministerio de Salud será la entidad encargada de trasladar los más de 1,2 millones de afiliados.
De acuerdo con la Supersalud, la EPS tiene pasivos cercanos a los $1,7 billones, lo que significa que posee un nivel de endeudamiento de 1,6 veces sobre el valor del activo y ya se acumulan pérdidas por más de $1 billón.
La EPS estaba bajo las medidas de toma de posesión y de intervención forzosa para administrar desde hace varios meses, pero, a pesar de los esfuerzos del agente especial designado por la Supersalud, ya había un deterioro continuado de sus principales indicadores operacionales, asistenciales y financieros.
La EPS estuvo en medida de vigilancia especial por cuatro años y medio, tiempo durante el cual la Supersalud le impartió instrucciones y órdenes que no atendió, particularmente para que diera respuesta a la acumulación de quejas, reclamos y peticiones de sus afiliados, y a la necesidad de cumplir con estrictos planes de capitalización.
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“Como lo venimos haciendo a lo largo de nuestra gestión, no vamos a permitir que las EPS jueguen con la salud de los usuarios y que pongan en riesgo la atención que requieren la población infantil y los pacientes con cáncer o insuficiencia renal”, expresó el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal.
En la radiografía hecha por la Supersalud a partir de las acciones de inspección y vigilancia realizadas durante los periodos 2019, 2020 y 2021, se concluyó que la EPS Coomeva no llevaba a cabo el diagnóstico oportuno de pacientes crónicas con cáncer de cuello uterino y cáncer de mama, debido a las bajas coberturas en la toma de citología cervicouterina, colposcopia y mamografía.
Las auditorías de la Supersalud encontraron que la EPS no fue oportuna en la prestación de servicios de salud, incluidos en el plan de beneficios que requiere la población menor de edad, al igual que en la prestación de servicios ordenados.
En los últimos tres años Coomeva recibió 193.100 peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) y por el creciente volumen de quejas ocupó los primeros lugares entre las 14 EPS del régimen contributivo. Los principales motivos de PQRD se relacionaban con dificultades para acceder a servicios de medicina especializada, demora en entrega de medicamentos, retraso en autorización de exámenes de laboratorio y no pago de las prestaciones económicas derivadas de licencia de enfermedad general.