La Superintendencia de Transporte recibió 64 denuncias de ciudadanos en las que se puso en evidencia la dificultad de contactar con la sociedad ABC Aerolíneas S.A. de C.V - Interjet, para indagar sobre sus vuelos, cambios de itinerario, información sobre reembolsos y dudas en general, que solo podrían ser resueltas por este medio, como prestadora del servicio de transporte aéreo.

El Superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, precisó que “hemos emitido una orden preventiva en la que la empresa debe aclarar su situación ante los usuarios, sin perjuicio de las investigaciones que sean procedentes por posibles vulneraciones de derechos atribuibles a esa empresa”, explicó.

Por ello, teniendo en cuenta que se pueden ver comprometidos los derechos de un número significativo de usuarios debido a la inactividad de la aerolínea se procedió a ordenar, entre otras cosas, lo siguiente:

1. Emitir y difundir un comunicado de prensa en donde indique a los usuarios:

• (i) los canales y horarios de los que dispone la aerolínea para para recibir y atender de manera oportuna las peticiones, quejas y reclamos presentados por los usuarios;
• (ii) si se encuentra en proceso de cancelación del permiso de operación ante la autoridad aeronáutica, o los itinerarios programados para los meses de noviembre y diciembre de 2020;
• (iii) si se solicitó a la autoridad aeronáutica autorización para operar nuevas rutas con origen o destino a Colombia con sus itinerarios o los previamente aprobados, y el estado de la solicitud.

2. Presentar e implementar un plan de atención a usuarios en donde contemple puntos específicos como las acciones a implementar para garantizar la recepción y atención de las PQR presentadas por los usuarios, los canales y horarios, los procedimientos, entre otros.

3. Allegar a esta Superintendencia el Sistema de Atención a Usuarios con el que cuenta en los aeropuertos donde opera en Colombia. Posibles Sanciones En caso de no dar cumplimiento a la medida administrativa, se podrán imponer multas sucesivas hasta de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Contra esta orden no procede recurso alguno y se garantizarán los principios del debido proceso y el derecho de defensa.