Hace una semana comenzó a funcionar, como estaba presupuestado por la Administración Distrital, la nueva operadora de transporte público de Bogotá, bautizada en honor a la ciudad capital como “La Rolita”. Aunque estaba previsto que hoy se hiciera el lanzamiento oficial, Transmilenio S.A. le confirmó a EL NUEVO SIGLO que por un tema técnico se corrió un par de días.

La última operadora pública de transporte que tuvo Bogotá fue la Empresa Distrital de Transportes Urbanos (EDTU) hace 31 años, y su fantasma, para aquellos que recuerdan los problemas con los que se liquidó, hace que dos preguntas salgan a la superficie: ¿mejorará el servicio? y ¿qué riesgos puede tener para la operación del sistema de transporte masivo? 

Hay tanto de largo como de ancho frente a esta decisión de lanzar un Operador Público de Transporte de Bogotá, y aunque analistas y expertos en movilidad resaltaron sus bondades, también expresaron preocupación por el hecho de que estaría en el régimen de contratación pública y sería todo un reto sostenerlo en el tiempo.

“Hoy se revive la figura de un operador público, similar a la Empresa Distrital de Transportes Urbanos, y va a funcionar al tiempo con los operadores privados que tienen concesiones en la ciudad. Esta va a ser una oportunidad buena, en el sentido de que ‘escoba buena barre bien’. Aun así, vamos a tener los ojos encima de este operador y vamos a aprender sobre los costos operacionales directamente”, comenzó por referir a EL NUEVO SIGLO el profesor experto en movilidad urbana de la Pontificia Universidad Javeriana, Darío Hidalgo, quien además se refirió a cómo esta iniciativa incidirá favorablemente en la imagen del sistema de Transmilenio.

“Con el nombre ‘La Rolita’ están generando una imagen muy favorable, va a tener conductoras mujeres (la mitad), buses eléctricos y va a prestar sus servicios en una zona de la ciudad que no ha tenido acceso al Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITP), que es el sector del Perdomo, conectándolo con el resto de la ciudad”, añadió el profesor Hidalgo, quien a manera de anécdota recordó que la EDTU decayó por los altos costos laborales derivados del sindicato, porque no se hacía buen mantenimiento de los buses y de los “Trolis”, y por problemas de clientelismo y falta de control administrativo.

Celebró, por último, que Bogotá mezcle la operación privada que ha tenido la ciudad durante los últimos 22 años con la gestión pública y, aunque precisó que será un reto mantenerla sostenible en el tiempo, ve con optimismo la operación de los primeros 17 buses (de 183).

Con respecto a la imagen del sistema, el profesor e ingeniero civil de la Universidad de los Andes, con maestría en Ingeniería Civil (Infraestructura de Transporte), Luis Ángel Guzmán García, dijo que el hecho de que una parte de la operadora ahora sea pública podría verse reflejado en una disminución del maltrato al que es frecuentemente sometido tanto el SITP como el Transmilenio, pero tampoco es una garantía de mejora.

“Yo esperaría que sí, pero ¿cómo harán los vándalos para distinguir entre un bus operado por La Rolita y un bus operado por una de las empresas privadas? Ojalá sirva porque ese pensamiento tan arraigado que existe en Bogotá de que los buses son de gente rica y privada que se está haciendo millonaria no es cierto. Los buses son de todos y lo que es aún más importante: los pagamos todos cuando sufren afectaciones. Entonces espero que así sea, pero en este momento no veo cómo se daría esa situación”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el profesor Guzmán García.

Cuidado con la contratación pública

No obstante, llamó la atención sobre el régimen de contratación pública de este operador, pues indicó que eso sí podría traducirse en retrasos y demoras en la prestación del servicio.

“Además de los riesgos que se puedan presentar relacionados con la ineficiencia o posible corrupción, algo clave que podría derivar en retrasos es que al ser una entidad pública puede estar regido bajo la ley de contratación pública. Un operador de transporte público necesita de mucha agilidad para la compra, la venta, la importación, la reparación, la logística de manejar un patio, de manejar vehículos, etc. Es una operación muy compleja y hay temores de que, al estar bajo el régimen público, esas herramientas de contratación y compra puedan salirle muchísimo más caras a la ciudad. Esto me causa mucho temor porque si hay que reemplazar una parte del motor de bus que se tiene que importar y toca sacar una licitación pública, ¿mientras tanto el servicio qué?”, añadió el profesor Guzmán.

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¿Y el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca?

Al ser socializada esta medida, a mediados de agosto, la mandataria distrital indicó que “no queremos que Bogotá dependa solamente de operación privada de transporte público, tenemos mucha gratitud con quienes lo hacen, pero es mejor que tengamos un sistema mixto para que podamos aprender juntos”.

No obstante, una de las concejales que votó negativamente esta iniciativa (Proyecto de Acuerdo 761 de 2020), Lucía Bastidas (Alianza Verde), señaló todos los problemas que tiene, refiriéndose en específico a un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que aún no ha llegado.

“No estuve de acuerdo con esta iniciativa, no voté a favor del operador público, creo que se perderán recursos, se corre el riesgo de politizar una entidad tan importante como la del transporte público y creo que no ha sido clara esta puesta en marcha. ¿Cómo así que tendrá 183 buses de los cuales solo se están utilizando 17 y el resto guardados? Ya se han gastado 10 mil millones, ¿en qué y para qué? No hay tranquilidad. Es que no comenzamos bien: este operador tiene una demanda con medidas cautelares; han gastado recursos; se puede politizar y a todo eso súmele los tiempos en contratación que son tan complejos. Va a ser un desgaste para el Distrito, solo para decir que tenemos un operador público”, le dijo a este Medio la concejal Bastidas.   

Advirtió que aún no existe un pronunciamiento de fondo desde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sobre el recurso de apelación que presentó la Alcaldía frente a la decisión del Juez de declarar nulo el artículo 91 del Plan Distrital de Desarrollo, que autorizaba la creación de este operador.

“Están apostando a que todo salga a favor y el riesgo es alto. De acuerdo con el informe de ejecución presupuestal, con corte a julio el operador público ya presentaba gastos por $9.673 millones. ¿Qué pasará con esta inversión si se confirma el fallo y este artículo queda anulado? ¿Cómo están manejando la prestación de este servicio? Urge que la Administración Distrital explique y sea más transparente en el manejo de la información”, llamó la atención a finales de la semana pasada la concejal Bastidas.

Añadió que sobre “La Rolita” no se conoce organigrama, manuales de funciones u operación, documentos sobre niveles de servicio, actas de inicio de operación ni resolución de habilitación. “Ni siquiera existe una página en la que se pueda ver información y noticias relevantes, como con otras entidades y empresas”.

“Falta tanta información que no se conoce cómo funcionará la operación del patio, el número de operadores contratados para la conducción de los vehículos, la fecha en la que se activa la remuneración al proveedor o concesionario de provisión de la flota, el personal contratado ni la figura bajo la cual se encuentra vinculado. Estamos esperando respuesta a cómo está operando y su relación con Transmilenio. No sabemos nada de ese convenio”, concluyó la cabildante.