En el último informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el secretario general del organismo mundial, António Guterres, señaló que el proceso de paz en el país “está en una coyuntura crítica”.
En dicho reporte, el secretario afirmó que aunque muchos de los primeros logros en materia de paz “son incuestionables”, como el fin del conflicto, reducción general de los niveles de violencia, la “celebración de las elecciones más pacíficas en decenios” y la conversión de la FARC a un partido político, “todavía quedan por delante algunas de las tareas más difíciles para consolidar la paz”.
Uno de los puntos en que más hizo énfasis Guterres, fue en la situación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En relación a ello, manifestó su preocupación porque “el impresionante y cada vez más amplio trabajo de la Jurisdicción Especial se ve eclipsado en ocasiones por los polarizantes debates mantenidos sobre su función”.
Por ello, y aunque ya se había pronunciado al respecto, el secretario reiteró su llamado al Gobierno, al Congreso y a todas las entidades “para que adopten rápidamente medidas para asegurar que la Ley Estatutaria se promulgue lo antes posible” y que disponga de todos los instrumentos “políticos y prácticos necesarios para su eficaz funcionamiento en condiciones de independencia y autonomía”.
Guterres recalcó el apoyo de la ONU al mecanismo de justicia transicional surgido tras el acuerdo de paz con las desmovilizadas FARC y aseguró que la JEP, “pilar central del Acuerdo de Paz, ha sido objeto de discusiones polarizadas”.
“La Jurisdicción Especial para la Paz es el principal garante de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y es también la expresión de las garantías jurídicas otorgadas a quienes, de buena fe, han dejado las armas con la verificación de las Naciones Unidas”, agregó.
Otro de los asuntos a los que se refirió fue el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, previsto en el punto 4 del Acuerdo de La Habana, y elogió sus resultados.
“La tasa de erradicación voluntaria del Programa sigue siendo elevada: en torno al 94% de las familias que recibieron los beneficios financieros iniciales del Programa han erradicado sus cultivos. Además, en siete de los municipios analizados, un año después de la erradicación únicamente se habían vuelto a plantar el 0,6 % de los cultivos”, indicó.
De las 51.824 hectáreas de coca declaradas por las 99.097 familias inscritas, se han erradicado voluntariamente cerca de 34.767.
Gutérres puntualizó que aunque el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, ha reiterado que el Gobierno cumpliría los compromisos hechos a las familias que ya están participando en el programa, “no está claro qué ocurrirá con las otras 30.000 familias que han solicitado acceder al Programa pero que todavía no se han inscrito oficialmente”.
El secretario general advirtió que se requieren “más recursos y esfuerzos institucionales” para cumplir los compromisos hechos a las familias en el marco de dicho programa, pues algunas “están a punto de dejar de recibir los pagos provisionales” y solo un tercio de ellas han comenzado a recibir asistencia técnica. “A fin de respaldar los ingresos legítimos de las familias, se necesita apoyo para prestar asistencia técnica y llevar a cabo proyectos alternativos de desarrollo”, explicó.
Entre otros temas que mencionó António Guterres, está su preocupación por los permanentes asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos y miembros de las FARC, la incertidumbre jurídica de estos últimos, y la falta de avance en varios frentes del proceso de reincorporación, como el que tiene que ver con el acceso a tierras.
El informe abarca el período comprendido entre el 27 de diciembre de 2018 y el 26 de marzo de 2019, y será presentado el próximo 10 de abril ante el Consejo de Seguridad por parte del jefe de la Misión, Carlos Ruiz Massieu.