El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a través de su Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, reclamó la inmediata liberación de los 59 colombianos presos ilegalmente desde hace dos años en la cárcel La Yaguara, en la ciudad de Caracas, Venezuela.

El dictamen de este organismo internacional, que fue entregado el jueves pasado al Gobierno colombiano, agrega que la detención de los connacionales “es arbitraria”, y de paso exige que el régimen venezolano “debe disponer sin dilación alguna su liberación inmediata, y concederles el derecho a obtener una indemnización y una reparación adecuada”.

Igualmente, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria insta a las autoridades del vecino país a “realizar una investigación exhaustiva e independiente” sobre las circunstancias que terminaron en la detención de estos colombianos y a tomar las medidas pertinentes contra los responsables.

El organismo de la ONU envió copia de este pronunciamiento a sus relatores especial sobre protección a la salud física y mental de las personas privadas de la libertad; del derecho a la alimentación, y sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, para que tomen las medidas correspondientes.

Desde marzo pasado, la Cancillería colombiana había puesto en conocimiento del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria el caso de los 59 colombianos presos ilegalmente en La Yaguara, de Caracas.

“Estas personas siguen injustamente detenidas a pesar de que cuentan con una orden de libertad proferida por el Juzgado 27 de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas desde hace dos años”, señala la Cancillería.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a la fecha se ha dirigido casi un centenar de notas verbales y comunicaciones a las autoridades venezolanas; se han realizado más de 80 visitas consulares periódicas; cerca de 40 reuniones presenciales y conferencias telefónicas con autoridades del vecino país; medio centenar de actividades con familiares de los compatriotas arbitrariamente detenidos; y más de una decena de asistencias médicas.

Además, a través del consulado de Colombia en Caracas, la Cancillería ha efectuado 20 entregas semanales de alimentos.

En octubre pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió una nota verbal requiriendo la “intervención urgente de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

Igualmente, los pasados 4 de noviembre y 5 de diciembre se remitieron nuevas notas diplomáticas dirigidas a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reiterando tal solicitud.