La Fiscalía General de la Nación presentó en Inírida, Guainía, una estrategia diferenciada contra la criminalidad en los departamentos ubicados en zona de influencia de los principales ríos del oriente del país.

“La Fiscalía va a atacar sin límite territorial la delincuencia, enlazada con la Armada, con las Fuerzas Militares y con la Policía. Vamos a establecer además patrullas de la Fiscalía General de la Nación en los ríos del oriente del país”, precisó.

El objetivo inicial será bloquear con acciones investigativas y judiciales los corredores del delito en esos afluentes utilizados para el tránsito de narcóticos, insumos y contrabando, o que han sido golpeados con inclemencia por la minería ilegal y otras conductas que deterioran los recursos naturales.

Para garantizar el éxito de las actividades previstas, la Fiscalía dispondrá de una flotilla de lanchas. Vichada, Guainía y Guaviare serán los departamentos piloto de este modelo fluvial, que estará articulado con la Armada Nacional, el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

“Esa estrategia fluvial de persecución a la criminalidad, parte de la base del entendimiento geográfico de este país. Si entendemos la geografía, seguiremos con claridad la criminalidad”, señaló el fiscal general, Francisco Barbosa tras su visita a Inírida (Guainía) y Mitú (Vaupés).

Golpe a proxenetas

De otro lado, la Dirección Especializada de Extinción de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 12 bienes que habrían sido utilizados por una banda dedicada a la explotación sexual de niñas y adolescentes de la región, muchas eran integrantes de comunidades indígenas.

Entre las propiedades afectadas, cuyo valor ascendería a $2.000 millones, hay 9 inmuebles rurales y urbanos ubicados en los barrios Al Aeropuerto, Berlín, Los Libertadores, Las Américas y Comuneros; así como los establecimientos de comercio Tabú Inírida, Hotel Orinoco Real y Ribason.

La investigación comenzó en marzo pasado, y un mes después fueron capturadas 17 personas que estarían vinculadas a estos hechos, entre ellas, funcionarios judiciales, integrantes de la Fuerza Pública, docentes y comerciantes.

En estos sitios, al parecer, se vendieron bebidas alcohólicas y auspiciaron fiestas y encuentros sexuales con algo más de 40 niñas y adolescentes.