Aunque el 21 de este mes ya se cumplen dos años de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara su investigación sobre la constructora brasileña Odebrecht, detallando el pago de sobornos a funcionarios de los gobiernos de 12 países, en tres continentes, este año la divulgación póstuma de los audios del ingeniero Jorge Enrique Pizano revolvieron el avispero político.

Como se sabe, Odebrecht creó una “caja B” a finales de los años 80 con el nombre de Sector de Relaciones Estratégicas para disimular la maraña de coimas, que en Colombia lograron corromper altos funcionarios del Estado y congresistas que hacían las veces de lobistas (y a su vez repartían los sobornos).

La semana pasada, el fiscal tercero anticorrupción Juan Alberto Delgado informó que han sido investigadas 91 personas, de las cuales 18 están privadas de la libertad. Además, hay 39 indiciados, 4 personas con imputación de cargos ante jueces, 12 acusados, 8 condenados y 6 en juicio. Aunque la compañía reconoció el pago de 11 millones de dólares, la Fiscalía estima que fueron 32,5 millones.

Se espera el nombramiento de un fiscal ad hoc para la investigación de tres de los 17 procesos que involucran a la multinacional brasileña, después de que Néstor Humberto Martínez y María Paulina Riveros se declararan impedidos por conflicto de intereses.

En principio, los audios y videos de Pizano sugieren que Martínez sabía de los sobornos y que no los denunció. Las muertes del auditor por un aparente infarto y de su hijo envenenado con cianuro están bajo investigación.

Sin embargo, el fiscal Martínez sostiene que esa es una interpretación amañada, instigado por una conspiración orquestada en su contra. ¿Por quién? Aunque no señala directamente a la multinacional, da pistas como que quieren sacarlo de su cargo por atreverse a “investigar la corrupción” y que tiene una intrincada maraña de tentáculos que llegan hasta la CIA, el FBI, el BID, el Capitolio en Washington, en una operación en la que, aseguró, se están gastando millones de dólares y en la que sus promotores han contado con la ayuda de periodistas y medios de comunicación en Colombia.

El fiscal Martínez sostiene que a Pizano los conspiradores “lo envenenaron de odio contra su amigo el Fiscal” y le vendieron primero la idea de una negociación con autoridades estadounidenses para protegerlo, pero al fracasar esta, habrían optado por la defensa mediática, tras lo cual el exauditor habría entrado en una profunda depresión poco antes de su muerte, al sentir que era manipulado.

El miércoles Martínez se declaró complacido de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara anunciara la apertura de un expediente formal sobre este caso.

El representante por Santander, Óscar Villamizar, del Centro Democrático, fue designado investigador y en esa calidad decretó la práctica de varias pruebas.

Villamizar dijo que “estamos trabajando en ello para que el país tenga toda la veracidad de lo que ha venido sucediendo en estos hechos”.

Coincidiendo con esto, la Fiscalía confirmó que la audiencia contra el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, por el escándalo de Odebrecht, se frustró “por cuanto para la misma no se había recibido de las autoridades judiciales brasileras el acta de compromiso de tres ex directivos brasileros de rendir testimonio”. Los ex directivos son Luiz Bueno, Luiz Mameri y Luis Eduardo da Rocha.

Gracias a un acta de compromiso, los tres colaborarán con la justicia colombiana sin que eso tenga efectos de autoincriminación y quedarán a salvo todas las actuaciones de Colombia que ha dado lugar a órdenes de captura contra ex directivos de la multinacional.

Este año el Consejo Nacional Electoral archivó la investigación por el ingreso de dinero de Odebrecht a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Antes había hecho lo mismo con la de Óscar Iván Zuluaga. Sin embargo, dos altos directivos de la multinacional (su vicepresidente para América Latina, Luiz Mameri, y su director en Colombia, Eleuberto Martorelli) han declarado que la constructora habría financiado ilegalmente ambas campañas: a través de una cuenta en Panamá, en el caso de Santos (a quien le habrían dado 1 millón de dólares), y de pagos en Brasil al publicista Duda Mendonça, en el de Zuluaga (cuenta de cobro que habría ascendido a 1 millón y medio de dólares).

Pero inesperadamente, aunque al parecer no tiene que ver directamente con Odebrecht, el senador Gustavo Petro, de Colombia Humana, resultó envuelto en un escándalo que se desprende del debate en el Congreso en el que el fiscal Martínez expuso su tesis de la conspiración.

El jueves la Corte Suprema anunció que investigará preliminarmente a Petro por un escandaloso video en el que se le ve recibir fajos de billetes y que fue expuesto en la plenaria del Senado durante el debate que él y los senadores Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, y Angélica Lozano, de la Alianza Verde, hicieron a nombre de las bancadas opositoras el 27 de noviembre.