Avaló el juez 15 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá el preacuerdo que le otorgó la Fiscalía al excongresista Otto Bula en el caso Odebrecht. Dicha negociación establece que Bula pague 66 meses de cárcel y una indemnización por $6.600 millones. 

Según indicó el funcionario judicial, la "pena es bajita" y "no es la deseable" pero que se cumplió con lo establecido en la ley, específicamente en el Código Penal.

Por su parte el fiscal del caso, Daniel Hernández, señaló que Bula ha sido una pieza fundamental en la investigación por ser uno de los testigos clave de los sobornos que dio la multinacional para quedarse con megaobras en Colombia. Además, aseguró que el excongresista ayudó a determinar que  fueron $65.000 millones los que repartió Odebrecht en el país.

Con respecto a la deuda con el Estado que deberá pagar según el preacuerdo, se conoció que Bula puso a disposición de la justicia un inmueble avaluado en $3.000 millones, por lo que los restantes $3.300 millones serán pagados con dos pagarés de $1.650 millones cada uno.

La participación de Bula en el escándalo de corrupción se presentó en la firma durante el primer gobierno Santos del otrosí en el contrato con Odebrecht para la construcción de la ruta Ocaña-Gamarra, aprovechando los vínculos del político cordobés con parlamentarios y altos funcionarios del Estado para la época de los hechos.

La Fiscalía inicialmente identificó la existencia de un contrato con Bula, por virtud del cual este habría convenido con la sucursal en Colombia de la firma Odebrecht, una comisión de éxito por la suma de 4,6 millones de dólares, para el caso de que la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S obtuviera esta adición.

Los elementos materiales probatorios recaudados dan cuenta de que el contrato aludido habría sido antedatado a mediados de 2016, asignándole la fecha 5 de agosto de 2013, con la participación de Bula y reconocidos profesionales del derecho, a solicitud de funcionarios de la empresa brasileña.

Al amparo de este contrato la firma Odebrecht habría efectuado pagos desde Brasil por la suma de 4,6 millones de dólares, a favor de empresas internacionales panameñas y chinas, principalmente, acerca de cuyos beneficiarios actualmente indaga la Fiscalía General de la Nación.