Las capturas de los cabecillas de ‘La Constru’ pusieron al descubierto una riqueza ilícita que, desde finales de la década de los noventa hasta la fecha, habría estado a nombre de sus esposas, hijos, padres, hermanos y primos.
De acuerdo con la Fiscalía, los análisis contables, comerciales y tributarios permitieron identificar casas lujosas, cabezas de ganado, estaciones de servicio y acciones, entre otros activos, que 13 familiares de los distintos jefes de la estructura criminal, supuestamente, adquirieron, ocultaron y explotaron económicamente.
El ente investigador, y la Policía, a través de la Dijin, establecieron que el millonario patrimonio detectado sería producto del narcotráfico, los homicidios, las extorsiones y secuestros, entre otras actividades que el aparato criminal de ‘La Constru’ desplegó en Putumayo, Amazonas, Caquetá, Huila, Valle y Nariño. Adicionalmente, constataron que los presuntos dueños no tenían actividades económicas estables o créditos bancarios que justificaran la compra y titularidad sobre las propiedades.
Con suficientes elementos de prueba sobre el origen ilícito, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a 11 predios rurales, 24 inmuebles urbanos, 36 vehículos, 8 establecimientos de comercio, 1 sociedad, 250 semovientes y dos paquetes con 1.045 acciones de la estatal petrolera Ecopetrol.
Los 1.396 bienes, avaluados en algo más de 70 mil millones de pesos, fueron ocupados en diligencias simultáneas realizadas en Bogotá y municipios de los departamentos de Quindío, Valle del Cauca, Tolima, Risaralda, Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño y Cundinamarca.
Lujos, riqueza y criminalidad
Todos los bienes afectados con fines de extinción del derecho de dominio quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
En tres años de investigaciones los peritos detectaron que la riqueza ilegal estaba en manos del más cercano círculo familiar de los cabecillas principales de ‘La Constru’ conocidos como: ‘Maní’, ‘Guaca’, ‘Guara’, ‘Bonito’, ‘Kike’ y ‘Gárgola’, este último capturado hace dos meses en Soacha (Cundinamarca).
Entre los predios afectados está una finca campestre en Salento (Quindío), cuyo valor podría superar los 8 mil millones de pesos. La propiedad figura a nombre de dos jóvenes sin ningún historial financiero o comercial, y la misma generaba altísimos dividendos de la ganadería y la cría de caballos.
También fue afectada una casa quinta en Fusagasugá (Cundinamarca), al igual que apartamentos en Armenia (Quindío) y Cali (Valle del Cauca), viviendas ubicadas en sectores exclusivos de las localidades de Suba y Usaquén en Bogotá, y dos gigantescas estaciones de servicio con hotel en Lérida (Tolima) y Florencia (Caquetá).
En las diligencias fue afectado un predio de casi 100 hectáreas, conformado por tres terrenos con matrículas distintas y un lote baldío que figura como adjudicado pero no ha sido registrado oficialmente.
El bien está ubicado en el kilómetro 9 de la vía Puerto Asís – corregimiento de Santana (Putumayo), punto donde los testigos indican que se habrían ejecutado varias de las muertes y hechos violentos atribuidos a ‘La Constru’. El predio se extiende hasta una zona conocida como la bolsa ecuatoriana sobre el río Putumayo y, supuestamente, era la plataforma de ingreso de insumos y salida de cargamentos de clorhidrato de cocaína en lanchas artesanales.
La Fiscalía General y los investigadores de la Dijin, con apoyo del Ejército Nacional, encontraron en el lugar un laboratorio para el procesamiento de cocaína. El complejo narcotraficante estaba en funcionamiento, y tenía la maquinaria y elementos necesarios para cristalizar el estupefaciente.
Los elementos probatorios encontrados y la investigación por el hallazgo quedaron en manos de un fiscal especializado de crimen organizado.
Esta es la segunda operación con fines de extinción de dominio que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional adelantan contra ‘La Constru’. En la primera, cumplida a finales de 2015, fueron ocupados bienes por $30 mil millones.