Con 14 hallazgos administrativos, de los cuales 13 tienen presunta connotación disciplinaria, dos posible incidencia penal y ocho una probable implicación fiscal por $69.507 millones, concluyó la Actuación Especial de Fiscalización que realizó la Contraloría General de la República, durante el primer semestre de 2019, a los proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en el departamento de Córdoba.
A través de un comunicado, la Contraloría informó que estos recursos fueron ejecutados por la Gobernación de Córdoba y las alcaldías de Cotorra, Planeta Rica, San Bernardo y Ciénaga de Oro.
En total se analizaron 12 proyectos por $ 378.154 millones, de los cuales $300.449 millones corresponden a recursos del Sistema General de Regalías.
Los proyectos de la muestra auditada pertenecen a los subsectores de Agricultura y Desarrollo Rural, Transporte - Red Urbana, Transporte - Vial Red Terciaria, Ciencia y Tecnología e Innovación, Agua Potable y Saneamiento Básico, y Cultura.
Contratos pagados y no ejecutados
Uno de los proyectos destacados en el informe es el de “Investigación sobre el corredor agroecológico caribeño (Córdoba – La Guajira) en la cuenca del rio Sinú, departamento de Córdoba”.
Para la ejecución de este proyecto, la Gobernación de Córdoba firmó en 2013 un convenio de cooperación con la Corporación Áreas Naturales Protegidas y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal- Conif, por un valor total de $51.118 millones, de los cuales $50.548 millones corresponden a recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías (SGR) asignados al departamento de Córdoba.
El objeto del convenio era el desarrollo de un estudio para potencializar el corredor agroecológico de la cuenca del río Sinú. Sin embargo, se encontró que la anterior Gobernación había realizado unos desembolsos por alrededor de $29.000 millones sin que se hubiera ejecutado ninguna actividad del proyecto. Por esta razón, el convenio fue liquidado unilateralmente por la Gobernación de Córdoba a mediados de 2017.
Como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización, el organismo de control presentó un hallazgo fiscal por valor de $45.083 millones, que incluyen el hallazgo de $3.428 millones correspondientes al valor de la interventoría del convenio, ejecutada por la Universidad Francisco José de Caldas, por no cumplir debidamente sus funciones y obligaciones, al autorizar desembolsos sin que se ejecutaran las actividades del objeto contractual.
Por otro lado, se destaca también un hallazgo con incidencia fiscal por valor de $9.628 millones, por irregularidades en el manejo de los recursos del estado en el proyecto de “Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en ciencia, tecnología, e innovación a través de la investigación como estrategia pedagógica apoyada en los tics en el departamento de Córdoba”, por valor de $46.431 millones, de los cuales, $42.503 pertenecen al Sistema General de Regalías. Es de destacar la importancia del rol del interventor en este proyecto, pues las irregularidades causales del hallazgo, fueron advertidas por éste a la Contraloría.
Para el desarrollo del proyecto, se firmó en diciembre del 2013 el convenio especial de cooperación entre la Gobernación de Córdoba y la Corporación Unificada de Educación Superior, que presenta a la fecha, según los auditores, irregularidades relacionadas con los pagos de actividades no contempladas dentro del contrato, saldos sin comprometer, giros de dineros por presuntos conceptos injustificados, no soportados y no ejecutados, e intermediación innecesaria del convenio especial de cooperación.
Fallas estructurales
En el informe de la CGR, llaman la atención dos proyectos relacionados con la construcción de escenarios deportivos en los municipios de Planeta Rica y Cotorra, por tratarse de obras de infraestructura de gran cuantía que se encuentran con un porcentaje de ejecución física y financiera del 100%, ya han sido entregadas, pero presentan gran deterioro y fallas estructurales que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios.
En el caso de Planeta Rica, la CGR configuró dos hallazgos administrativos con presunta incidencia fiscal. Uno de ellos, por valor de $1.701 millones, por el proyecto “Construcción y adecuación de la unidad deportiva local etapa I”, de $9.173 millones.
El otro hallazgo, de $765 millones, tiene que ver con el mismo complejo deportivo, por el proyecto “para la construcción de obras complementarias del estadio de fútbol y obras de urbanismo de la unidad deportiva”, de un valor de $3.859 millones.
En ambos casos, se determinó que los productos entregados presentan deficiencias en la calidad y el diseño de la obra, que impiden cumplir plenamente su finalidad y hacer uso de la totalidad de la infraestructura.
En el caso del municipio de Cotorra, el objeto del proyecto era “Mejorar las condiciones para la práctica del deporte (…) mediante la construcción de un estadio y un bioparque”, por un valor total de $6.331 millones.
Sin embargo, en su análisis, la CGR encontró deficiencias en la calidad de la obra, obras sin funcionamiento e incompletas, pago de valores diferentes a lo contratado, y un deficiente desempeño de la interventoría, por lo que configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $4.054 millones.