En el Senado de la República fue radicado un proyecto de ley que contempla modificaciones a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 o Ley de Educación Superior, a través de la cual se establece el modelo de educación superior pública en Colombia. Dichas modificaciones buscan una mayor financiación para las universidades públicas. Al respecto, EL NUEVO SIGLO consultó con los ponentes de la propuesta sobre cómo se realizaría este proceso, qué cambios contempla el proyecto y cómo mejorar el sistema educativo.
Uno de esos ponentes es el senador Ariel Ávila, del partido Alianza Verde, quién explica que “las modificaciones a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de Educación Superior son la fórmula de financiación a la educación superior. Es decir, vamos a poder sanear las finanzas de la universidad pública con una nueva fórmula que hará crecer los recursos para el funcionamiento de las universidades, incluyendo el ICES (Índice de Costos de la Educación Superior), que contempla los verdaderos costos de la educación y hoy calcula el DANE, pero no se usa. Se modifica la Ley 30 para ampliar los recursos de inversión de las instituciones públicas, pasando anualmente del 30 % de incremento real del PIB al 70 % del mismo. Esta es una forma de canalizar los recursos del crecimiento económico hacia la financiación de la educación pública”.
Por su parte, la representante Jénnifer Pedraza, de la Coalición Centro Esperanza, también ponente de la iniciativa, explica: “El sistema educativo requiere tres reformas urgentes. Una de ellas es la que radicamos con el Gobierno para cambiar la fórmula de cálculo de los recursos para las universidades públicas y para instituciones técnicas y tecnológicas estatales. Requerimos una reforma general al Sistema General de Participaciones que aumente los recursos para los colegios públicos y que garantice la conectividad, la infraestructura, el agua potable y disminuir la relación de cantidad de estudiantes por maestro en los colegios públicos. Además, es necesario garantizar la educación inicial pública, el preescolar de tres grados que siempre ha venido luchando el magisterio y que es una gran brecha social entre los hogares privilegiados que tienen la posibilidad de pagar un jardín privado a sus niños y quienes no pueden hacerlo por lo que mandan a sus hijos a hogares comunitarios en donde hay cuidado, pero no educación inicial”.
Del mismo modo, el representante Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, señala que “las necesidades son muchas a nivel de educación y una reforma educativa implica varios cambios normativos y modificaciones en la política pública. El Gobierno quiere introducir unas primeras reformas que van abriendo camino a la priorización de la educación. En términos presupuestales, este año se aumentó en $20 billones la inversión de recursos y para 2025 esta continuará siendo fundamental. Sin embargo, para esta legislatura se priorizará la financiación de la educación superior pública, que desde 1992 se venía calculando sobre el índice de precios al consumidor (IPC), pero que en 32 años no creció como se esperaba y las universidades apelaron a un aumento en el valor de las matrículas”.
Así mismo, el representante de Cambio Radical, Hernando González, indicó que “la propuesta solo es la reforma a la Ley 30 que apuesta a la gratuidad de la educación superior y solamente en dos artículos apunta a la garantía de la educación superior. La anterior buscaba la reforma al marco general de la ley de educación como derecho fundamental. Hoy se quiere una reforma a la educación en general, desde la primera infancia hasta la educación superior. Se debe hacer una reforma estructural desde la financiación desde la primera infancia, en donde hace falta dinero para la infraestructura, para la calidad, para la capacitación. Pero lo más importante es mirar la calidad de la educación, que empieza por la evaluación a los maestros sobre método en aula, porque los jóvenes deben ser educados de manera diferente a la que nosotros fuimos educados”
Los retos del sistema educativo
El senador Ariel Ávila explicó que “esta iniciativa es un esfuerzo de concertación desde nuestra curul; y de las cuatro reformas sociales: salud, laboral, educación y pensional, es la de mayor consenso y avance. A todos los hijos de la educación superior pública que tienen problemas para ir a la universidad, se trata de una iniciativa que crea un piso mínimo de recursos públicos para las instituciones. Así tendrán financiación directa de la Nación y no dependen únicamente de los entes territoriales. La propuesta recoge los insumos que han construido estudiantes, profesores y el Sistema Universitario Estatal durante más de 10 años”.
A su turno, Jénnifer Pedraza explica que “sí es posible crear un sistema de educación integral que incluya tanto a públicos como a privados; de hecho, ese es mi sueño a nivel de educación superior. El panorama nos muestra hoy que de cada 10 estudiantes que se presentan para una universidad pública, solamente lo logra uno (1), y no porque a los restantes les falten capacidades, sino por la falta de cupos en las instituciones. A pesar del esfuerzo de las universidades públicas en ampliar su cobertura, esto hace que la mayor parte de los estudiantes busquen un crédito a través del Icetex. Entonces debemos fortalecer la educación pública, integrar los programas complementarios sin asfixiar financieramente a las universidades. Recordemos que lo que terminó matando la reforma anterior fue negociar a puerta cerrada la educación pública como derecho fundamental y retiraron el contenido que priorizaba que la financiación del Estado iba dirigida a las universidades públicas e incluyeron aspectos que ponían en riesgo la autonomía universitaria, la cátedra universitaria, entre otros puntos”.
El representante Gabriel Becerra advierte: “Uno de los objetivos de la constitución es un derecho y una obligación que no excluye lo público de lo privado, el Gobierno pretende fortalecer la oferta pública, mantener la oferta privada y pagar la deuda que existe con la educación pública. La ley estatutaria tenía la intención de organizar el desorden normativo. Hoy, aunque no hay una ley que regule el sistema educativo, sí existen diversas normas que permiten la oferta pública y privada que debía ser garantizada y de calidad. Poder avanzar a un sistema integral es una deuda con el país, no se ha encontrado un acuerdo sobre cuál debe ser el modelo de educación que se debe implementar. Defendemos los modelos de educación en los cuales el Estado cumple un papel importante, elevando los recursos para el sistema educativo. No es posible dar una educación de calidad en las universidades cuando el 70 % de los profesores son provisionales; no se puede dar educación de calidad sin infraestructura, sin atacar la deserción escolar. Priorizar la educación para una transformación productiva de la sociedad, implica que el Estado la incorpore a sus presupuestos".
Finalmente, el representante Hernando González señala: “Actualmente hay un sistema de educación integral con muchas fallas y lo regula el Ministerio de Educación e incluye tanto a públicos como a privados porque la educación es un servicio público y todos tenemos acceso a la educación o por lo menos al nivel básico, lo que falta es calidad y equidad. La reforma anterior fracasó porque le colgaron muchas cosas y varios querían sacar provecho y el error fue haber concertado la evaluación a los maestros, que llevó al naufragio la iniciativa, porque toda labor humana es susceptible de evaluar para mejorar. En Colombia hay más de 2 millones de personas que quieren ir a la universidad, pero no hay cupos y no hay la infraestructura para atender la demanda. Hoy tenemos gratuidad para quienes estudian, pero no hay ampliación de cobertura en el área técnica, tecnológica o superior, ese es el cuello de botella; pese a tener mayor presupuesto, no alcanza para maestros, para una mayor infraestructura y para aumentar la calidad”.