Desde tener a sus principales rivales políticos haciendo oposición en el Consejo o la Asamblea, hasta el control preventivo por parte de la Contraloría General están en la ‘receta’ que encontrarán los mandatarios que asumirán sus cargos en 12 días

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Este 1 de enero tomarán posesión de sus cargos los 32 gobernadores y 1.102 alcaldes distritales y municipales para el periodo 2020-2023, quienes se encontrarán con varias novedades en comparación con los funcionarios que están por terminar su mandato. Uno de los aspectos nuevos es que tendrán a su principal rival político, es decir quien quedó segundo en las votaciones del pasado 27 de octubre, en la Asamblea o el Concejo en virtud del Estatuto de la Oposición.

1. Declaración política

Otra novedad para los nuevos mandatarios regionales es que también por el Estatuto de Oposición los partidos y movimientos políticos con representación en asambleas y concejos tienen hasta el sábado 1 de febrero de ese año para, por medio de una declaración política, dar a conocer si harán parte de la coalición de gobierno, serán independientes u oposición.

Este requerimiento ya se cumplió a nivel nacional pues hasta el 7 de septiembre de 2018 los partidos políticos con presencia en el Congreso informaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) cuál era su postura frente a la administración de Iván Duque.

2. Regalías

Los nuevos gobernadores y alcaldes de regiones productoras de hidrocarburos, carbón y otros minerales tendrán mayores recursos de regalías por efecto de la reciente reforma constitucional que aprobó el Congreso cuyo objetivo es incrementar la participación de municipios y departamentos productores, manteniendo la inversión en las regiones no productoras.

Los municipios donde se exploten recursos naturales no renovables tendrán además una participación adicional del 5% que podrán ser anticipados en los términos que defina la ley que desarrolle el Sistema. De igual forma 15% para los municipios más pobres de país, con criterios de necesidades básicas insatisfechas y población; 34% para los proyectos de inversión regional de las entidades territoriales, con criterios de necesidades básicas insatisfechas, población y desempleo, priorizando proyectos de alto impacto regional; así como 1% para la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación.

La subdirectora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Amparo García Montaña, dijo que “después de un ejercicio de varios meses entre el Congreso de la República y el Gobierno nacional cumplimos lo prometido por el presidente Duque de mejorar los recursos para las regiones productoras sin afectar los ingresos de los no productores”.

3. Ley de Regiones

En el primer semestre de este año el Congreso aprobó la llamada Ley de Regiones, que permitirá que los departamentos que hoy pueden asociarse con fines de desarrollo en las RAP, en los próximos años varias de estos se unan en una entidad territorial, dando vida a las llamadas RET que contempla la Constitución.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, explicó a EL  NUEVO SIGLO que “esta ley básicamente lo que hace es que le da un valor diferente al proceso regional. Le permite a las regiones recursos, tener una injerencia en la planificación. Antes eran unas figuras meramente de planificación, pero no podían ejecutar proyectos. Esto básicamente es lo que se rompe con esta ley”.

Verano explicó que “la RAP es una organización que tiene una personería jurídica, pero no es una entidad territorial. La RET sí es una entidad territorial”.

4. PAE

El actual Gobierno hizo ajustes al Programa de Alimentación Escolar (PAE) para fortalecerlo y blindarlo frente a la corrupción, producto de lo cual las regiones en este año tuvieron un aumento de cerca del 48 por ciento en los recursos y cruzaron el umbral de los 2 billones de pesos.

El nuevo PAE fue presentado por el presidente Duque en septiembre de 2018, destacando entre otros aspectos el avance en cobertura, la cual este año pasó de 5 millones 300 mil niños a 5 millones 600 mil niños. El Jefe de Estado señaló que “la idea es que en estos cuatro años vayamos acelerando esa cobertura y ojalá podamos cumplir esa meta necesaria de superar el umbral de los 7 millones de niños para el final de nuestro gobierno. Y si se puede más, lo haremos más”.

El nuevo modelo del programa de alimentación a niños de planteles oficiales cuenta con el trabajo coordinado de 15 entidades, incluyendo los Ministerios de Educación, Hacienda, Salud, Comercio y Agricultura, entre otros.

5.  Contralores

Los 32 nuevos gobernadores y algunos alcaldes distritales y municipales tendrán dos contralores durante su periodo, que vigilarán la forma cómo invierten los recursos públicos, esto producto del Acto Legislativo N. 04 del 18 de septiembre pasado, reforma al control fiscal que impulsó el contralor Carlos Córdoba.

Esta norma redujo a dos años del periodo para los contralores que se elijan en el siguiente proceso de elección, es decir en enero próximo.

De tal forma a finales de 2021 comenzará el proceso para la elección de los contralores territoriales.

6. Control preventivo

La reciente reforma al control fiscal permite ahora a la Contraloría General un seguimiento permanente de los recursos públicos a través de un control fiscal preventivo y concomitante, que a juicio de algunos parlamentarios durante la discusión del proyecto en el Congreso podría tornarse en una especie de coadministración del órgano de control, en desmedro del trabajo de los mandatarios regionales.

No obstante para prevenir ello la norma establece que este control por parte de la entidad será siempre preventivo y se hará de manera excepcional.

7. Glifosato

Algunos de los nuevos gobernadores y alcaldes de municipios en donde hay importantes extensiones de cultivos de coca, seguramente tendrán que lidiar con las aspersiones aéreas con glifosato, pues como se sabe el Gobierno nacional pretende revivir ese instrumento para combatir este fenómeno.

En zonas de Nariño, Cauca y Norte de Santander se fumigaría con glifosato, una vez que el Consejo Nacional de  Estupefacientes le dé vía libre al Gobierno, claro está después de que éste le certifique las medidas que tomará para evitar  eventuales impactos ambientales y en la salud humana.