El pasado miércoles en la noche la alcaldesa de Bogotá, Claudia López dio un ejemplo: enfrentar y cuestionar la presencia de los que intimidan, generan miedo y realizan actos de vandalismo en los centros de educación superior

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Me gradué de una universidad pública, estudié en la Universidad Nacional de Colombia entre 1993 y 1999. Durante mi tiempo de estudios, hace más de 20 años, eran comunes las pedreas y los disturbios por las salidas de la calle 26 o de la calle 45. Siempre los actores protagonistas eran encapuchados, algunos estudiantes, otros nunca se supo, porque cubriendo su rostro provocaban intimidación, desalojaban salones, llegaban a graffitear las paredes de las facultades, muchas veces con arengas ajenas a nuestro contexto como apoyar la revolución comunista en Nepal. Me hubiese gustado preguntarles si fueran personas dispuestas al diálogo, si sabían dónde quedaba Nepal, que tipo de gobierno tenía y por qué era necesaria una revolución comunista.

Los argumentos para cubrirse la cabeza vienen desde la época de la represión militar en América Latina cuando los estudiantes salían cubiertos porque en varios países existían organismos de seguridad que después los localizaban y los torturaban o desaparecían, una oscura historia que fue muy intensa en especial en el cono sur, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil todavía no han cerrado las heridas de la represión militar vivida por diferentes periodos en especial entre 1960 y 1987.

El mundo era otro, una tensión ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, una guerra entre dos modelos políticos y económicos el capitalismo y el comunismo. La universidades públicas de Latinoamérica fueron el caldo de cultivo para promover las ideas de izquierda, pero más que eso, para soñar con implementar modelos comunistas, de economía planificada, estatistas y alejar a nuestros países de la influencia estadounidense y desde los años ochenta del modelo que definen neoliberal.

A principios de los noventa viene la caída estrepitosa de la Unión Soviética y su desintegración en 15 repúblicas, todas abrazan el capitalismo e ingresan a la economía de mercado. Con algunas excepciones se instalan gobiernos democráticos en América entera, se fortalecen las instituciones políticas, se comienza a destapar los casos de desapariciones y de represión, se reduce la presencia militar en el Estado. Sin embargo, esos aires de cambio no llegan a los que deciden encapucharse, lo siguen haciendo 30 años después, con las mismas arengas y discursos de hace 40 años, como si el mundo no hubiese cambiado.

Lo peor, se convierten en actores violentos, en las marchas y protestas de los últimos años son el lunar que vandalizan y destruyen los bienes públicos, irónicamente esos que dicen defender, queman buses, rompen andenes y paraderos, destruyen las estaciones del transporte público. Lo grave, la complacencia de varios sectores dentro de las mismas universidades, profesores y estudiantes que han naturalizado la violencia, que la consideran válida como forma de lucha, pero que además llevan un doble rasero, se quejan de la presencia de la policía, están dispuestos a denunciar cualquier desmán de la fuerza pública, hacen denuncias de amenazas e intimidación, pero por otro lado aprueban la ejercida por los que utilizan capuchas para confabularse con el delito.

La intervención de la alcaldesa Claudia López es admirable porque se lo dice de frente a los líderes estudiantiles y a los supuestos comités de derechos humanos que solo miran para el lado que pretenden denunciar y se hacen los de la vista gorda frente al ejercicio de la violencia y la intimidación que ejercen los que se cubren.

En Estados Unidos, Europa, Canadá y Japón esas situaciones ya no se viven. Se han creado leyes para prohibir la presencia de encapuchados en las manifestaciones. Leyes anti máscaras con el objeto de mantener el orden público y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, con el argumento que las democracias modernas, donde existe libertad de expresión y derecho a reunirse,  no es necesario cubrirse si las acciones se hacen de forma pacífica.

Colombia cambió su Constitución Política en 1991, con un fortalecimiento de las acciones participativas. No podemos seguir justificando a los vándalos, a los que se cubren, más cuando muchos de ellos no son estudiantes y sólo lo utilizan para sembrar el caos, el miedo e inclusive deslegitimar las verdaderas demandas sociales.

*Especialista en Educación

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