“No hemos ahorrado esfuerzo alguno en el propósito de proteger la vida de los excombatientes", así lo manifestó el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, después de que la JEP dictara medidas cautelares a favor de los ex guerrilleros de las Farc.

Archila destacó que en la coordinación que se desarrolla por esta Consejería trabajan 10 entidades del Estado y se han adoptado más de 40 medidas especiales, que "se han territorializado y se ejecutan", por lo cual aseguró que las propuestas nuevas son bienvenidas, siempre y cuando, permitan hacer aún más eficientes los escenarios para la seguridad de esta población. 

Sobre medidas cautelares de la @JEP_Colombia para protección de excombatientes: pic.twitter.com/cNgmJvbrdf

— Emilio José Archila (@EmilioJArchila) July 31, 2020

Además, el funcionario rescató la protección que se ha brindado al partido Farc, considerando que ninguno de los candidatos de ese partido sufrió un atentado en su contra durante las elecciones regionales del año pasado y también se dieron garantías para que todos los reincorporados pudieran votar.  

Con respecto a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, la cual  valúa el riesgo en cada caso y se definen las medidas de seguridad a otorgar a los excombatientes y a miembros de la colectividad, informó que “a 30 de junio de 2020 están implementados 260 esquemas de protección individuales y colectivos”. 

“Nos ordenan hacer el 15% de lo que ya estamos haciendo”, subrayó y consideró indispensable que las medidas, si se decretan, estén en plena coordinación con las 10 entidades que operan en el comité que conformó el presidente Iván Duque.

“Reitero que son bienvenidas las medidas anunciadas o propuestas por la JEP, y consideramos que deben ser complementarias a lo que se está haciendo para lograr una mejor articulación, con los mejores resultados”, agregó.

Cabe mencionar el alto tribunal argumentó esta decisión "luego de constatar que, pese a las labores realizadas por diversas autoridades públicas, persiste una grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales: más de 200 comparecientes han sido asesinados".

En concreto, ha actuado ante "la grave condición de seguridad y las razones que llevaron a efectuar el traslado de las familias de ex combatientes asentados en Ituango hacia el municipio de Mutatá, en el departamento de Antioquia.

Por tal razón, ordenó al Alto Comisionado para la Paz, al Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y a la Unidad Nacional de Protección "llevar a cabo ciertas acciones encaminadas a garantizar la seguridad y vida de los reincorporados a la sociedad civil".

Al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, le ha urgido a "realizar las gestiones necesarias para la efectiva puesta en funcionamiento del Programa de Protección Integral para los integrantes del nuevo movimiento político FARC" y a presentar las líneas generales del plan para desmantelar las organizaciones criminales culpables de los asesinatos.

Al consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, le ha encargado "convocar a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección para definir las medidas que correspondan frente a solicitudes con análisis de riesgo", así como la puesta en marcha del Plan Estratégico de Seguridad y Protección.

En cuanto a la Unidad Nacional de Protección,  le ha exhortado a "impulsar de manera coordinada con la Mesa Técnica de Seguridad y Protección la adopción e implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección", implementar "las medidas de protección pendientes" y "realizar estudios de riesgo para los comparecientes que lo solicitan".