Senador conservador Carlos Andrés Trujillo está impulsando un proyecto de ley que consagra el derecho al olvido digital

EL NUEVO SIGLO: ¿De qué trata la iniciativa?

CARLOS ANDRÉS TRUJILLO: En Colombia la legislación solo protege los datos personales y está definida como el Habeas Data. De resto hoy no hay ninguna ley que les garantice a los ciudadanos poder salvaguardar su honra y buen nombre en el universo conocido como Internet.

Lo que pasa en Colombia, de manera cotidiana, es que todos los días vemos en las redes que le suben un video a cualquier colombiano y no hay una herramienta jurídica que permita al buscador o a la red social bajar ese contenido.

El proyecto también busca salvaguardar a los niños. Si hoy en una red social hay una imagen de un niño desnudo, por ejemplo, nada obliga a esa red a eliminarlo.

Con este proyecto de ley creamos un instrumento jurídico para que cualquier ciudadano tenga derecho a restablecer el buen nombre, así como al olvido en el mundo digital.

Cualquiera puede verse inmerso en un proceso judicial, pero el rastro digital permanece para siempre. Queda siendo culpable por siempre, así la justicia lo declare inocente.

Se crea un mecanismo de control a través de la Superintendencia de Industria y Comercio para que en todos los portales y todos los buscadores haya un control que permita salvaguardar el buen nombre de las personas.

ENS: En palabras sencillas, ¿se trata de eliminar la información que no nos gusta de Internet?

CAT: No. Mediante este proyecto de ley se pretende crear una regulación uniforme, que permita eliminar cualquier información personal que no tenga el consentimiento por parte del titular. Por medio de esto, se refuerza la seguridad jurídica y la transparencia en el flujo de información que se presenta actualmente en Internet.

ENS: ¿Cómo obligar a las empresas detrás de las redes sociales como Google o Facebook a que obedezcan esta legislación?

CAT: Queremos darle las herramientas y los dientes necesarios a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la responsable dentro del Estado colombiano de vigilar la comercialización dentro del territorio para que estos contenidos puedan ser bloqueados y bajados dentro del universo digital.

Sería la Superintendencia la obligada a crear la estructura necesaria para garantizar este objetivo. Hoy, a una persona le cuelgan una noticia falsa. Esa noticia para que sea borrada es casi imposible. El ciudadano tiene que contratar a un abogado internacional que vaya a Google y le ayude con ese caso. Si hay un instrumento jurídico en el Estado colombiano que le permita al ciudadano exigir su derecho al buen nombre y la Superintendencia obliga al buscador a eliminar esa información, la persona podría verse beneficiada sin adelantar un trámite engorroso.

La Superintendencia de la mano del Ministerio de las TIC, con el que estamos trabajando, tendría la obligación de aplicar la ley y garantizar el derecho al buen nombre en el mundo digital.

ENS: El proyecto de ley habla de una rectificación. ¿Cómo funcionaría?

CAT: Cuando hay una noticia falsa, al instante es replicada en muchos lugares. Lo que quiere el proyecto es que eso no permanezca en la red ni en el tiempo. Pero lo que queremos es borrarla de manera inmediata antes que se siga difundiendo y cause más daño.

ENS: Frente al derecho al olvido que menciona en el proyecto, ¿cómo garantizar que eso se cumpla en Colombia?

CAT: En el estudio del proyecto detectamos que ese derecho al olvido está funcionando bien en Alemania y en España, por ejemplo. Allí se ha garantizado que la gente pueda invocar el olvido digital. No es lo mismo que cualquier colombiano escriba a Google pidiendo un olvido, el buscador más consultado, a que lo haga la Superintendencia y que sea ella la que obligue a la empresa a hacerlo.

ENS: ¿Cuál es el costo fiscal del proyecto?

CAT: La reglamentación de la ley le quedaría al Gobierno, por ser el responsable de reglamentar este tipo de asuntos. El costo fiscal de la iniciativa se da de acuerdo con la estructura que se monte, que garantice la aplicación de la ley. El valor lo definiría el Gobierno frente a la magnitud del equipo y la infraestructura que tendría que crear. Hoy no es fácil valorar esos precios. Quisimos hacer un aproximado, pero consideramos que no es responsable dar una cifra.