Sigue la ola de violencia contra los desmovilizados de la entonces guerrilla de las Farc que se acogieron al Acuerdo de Paz en diciembre de 2016.

Ayer el partido Farc reveló que fue asesinado el desmovilizado Dimar Torres en la vereda Campo Alegre del municipio de Convención, en Norte de Santander. El senador Carlos Antonio Lozada indicó que el crimen fue supuestamente “perpetrado por una patrulla del Ejército Nacional”, basándose en que la misma comunidad de la zona responsabilizó del  homicidio a un vehículo de uniformados, quienes negaron que tuvieran que ver con estos hechos. Sin embargo, señaló Lozada, las personas “penetraron el campamento donde estaba esta patrulla y encontraron, primero, la fosa que se estaba cavando para enterrar y desaparecer a este compañero. Luego las propias comunidades encontraron el cadáver dentro del predio donde estaba ubicado el Ejército Nacional”.

Ante esto, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que “ahí no hay ningún crimen de Estado, ha podido ser eventualmente y goza de persunción de inocencia un homicidio ejecutado por un miembro de la fuerza pública”, le dijo a Blu Radio.

Botero explicó la versión oficial de la tropa que se vio envuelta en el episodio. 

"Hubo un homicidio ejecutado por un miembro de la fuerza pública, pero él alega una legítima defensa", declaró. 

Según el legislador, hay audios y videos que demostrarían la veracidad de la denuncia. Detalló que en los videos “se comprueba que primero hablaron con el Ejército, que negó que lo tenía en su poder y luego, cuando penetran las comunidades en el campamento, encuentran el cadáver”.

Finalmente, Lozada reclamó del gobierno de Iván Duque “plenas garantías a quienes dejamos las armas para que podamos hacer nuestro proceso de reincorporación socio-económica, de reincorporación política”.

Se conoció que Torres ya no habitaba en los espacios de capacitación que fueron dispuestos en el Acuerdo de Paz para que los cerca de 14.000 exintegrantes de las Farc cumplieran la primera etapa de la desmovilización, no obstante se supo que estaba cumpliendo con el acuerdo y que incluso presentó un proyecto productivo para montar una tienda de víveres en esta región.

Por su parte el ministro de Defensa Nacional, Guillermo Botero, señaló frente a este suceso que “es un hecho que está en investigación y se trata de unos miembros de la Fuerza Pública que le estaban dando protección a una ETCR (Espacio Temporal de Capacitación y Rehabilitación) y se presentó un hecho donde hay una persona fallecida. El inspector del Ejército ya está en lugar de los hechos investigando qué fue lo que ocurrió”.

No obstante, el Ministro de Defensa dijo que no hay que sacar conclusiones anticipadas y esperar el resultado de las investigaciones porque a veces señalan a la Fuerza Pública, como “en el caso de la Minga, cuando murió uno de los indígenas, y dijeron que había sido la Fuerza Pública y había muerto por un balín”.

Mientras que el general Mauricio Moreno, comandante de la Segunda División del Ejército que opera en la zona en la que se presentaron estos hechos, explicó que “la Fuerza de Tarea Vulcano ya abrió las investigaciones disciplinarias a fin de darle claridad a esa situación, en la cual a todas luces requiere de una explicación a la comunidad y por supuesto a las comunidades penales y disciplinarias”.

Al menos 128 excombatientes de las Farc han sido asesinados desde firma del acuerdo, según reveló en días pasados Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.