Ni siquiera todos los congresistas del Centro Democrático acudieron ayer a la sesión de las comisiones primeras conjuntas en las que le daba primer y tercer debates a la prórroga de  la Ley de Orden Público.

La iniciativa debe estar aprobada antes del 14 de diciembre, que es último día hábil antes de que las sesiones ordinarias entren en receso.

El ponente del proyecto, el senador de Cambio Radical, Germán Varón, consideró “lamentable que no haya quórum en un tema en donde todos los partidos se pronuncian a favor del proceso de paz, pero en el momento de votar y debatir no asistan”.

La inasistencia lo que hace es poner en riesgo el marco jurídico para el proceso de paz, donde todos los partidos coinciden que debe ser aprobado, dijo Varón, anotando que “el problema es que hay modificaciones que no comparten algunos miembros del Senado y de la Cámara, modificaciones que deben ser discutidas, pero lo que no se debe poner en riesgo es todo el marco jurídico”.

Entre las modificaciones sobre las que no hay acuerdo está que el Consejo de Seguridad no pueda desarrollar focalizaciones en los territorios donde se pretenda hacer inversión social.

“Básicamente el argumento que se esgrime es que las zonas de focalización acordadas en La Habana se estarían alterando y estarían perdiendo su autonomía”, explicó.

El senador Santiago Valencia, del Centro Democrático, sostuvo que “el debate es bienvenido, las proposiciones para mejorar el proyecto son bienvenidas, pero es el propio Gobierno el que dice cómo quiere manejar el orden público y las negociaciones de paz”.

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Aunque no hubo quórum, el presidente de la Comisión Primera del Senado, Eduardo Enríquez, del Partido Conservador, manifestó que “nos rindió mucho” en la discusión, solo que “no se armonizaron algunas disposiciones, por eso consideré que era mejor levantar la sesión”; agregó con optimismo que “el lunes tendremos la buena noticia de que se prorrogó la vigencia de la Ley de Orden Público. Lo que se quiere es que el Gobierno tenga la herramienta necesaria para los diálogos”.

Enríquez señaló que lo que se espera es que exista un pleno respeto entre los poderes y se logre un entendimiento entre las bancadas.

Para la representante Ángela María Robledo, de Colombia Humana, el proyecto no es en realidad una prórroga, sino “una modificación a la Ley de Orden Público, con lo cual no estamos de acuerdo. Y estamos diciendo que hay dos elementos que nos preocupan. El primero es que reinstalan las zonas de rehabilitación del gobierno de Álvaro Uribe, olvidándose lo que significaron, que eran gobernadas por un comandante militar. Lo consideramos peligroso y compite con las zonas de paz”.

Robledo manifestó que otra de las modificaciones es que supedita la voluntad del Presidente a un Consejo de Seguridad que es consultivo. “Esos son los puntos que nos preocupan”, insistió.

En opinión de Robledo, la iniciativa hace imposible una negociación con el Eln por las condiciones que se exigen: “Parece más un punto de llegada, que de partida”.

En sentido contrario se pronunció el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Samuel Hoyos, del Centro Democrático, para quien “esto le da un margen de maniobra al Gobierno nacional para dialogar, negociar con grupos al margen de la ley”.