Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia ordenó imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, vinculado a una investigación por irregularidades de contratación en 2005, cuando ocupó por primera vez esa administración departamental.

A través de un comunicado, la Fiscalía informó que la decisión le fue comunicada ayer mismo al presidente Iván Duque para que se cumpla con el mandato legal de suspensión del cargo. En ese sentido, el Jefe de Estado deberá surtir los trámites necesarios para garantizar el funcionamiento administrativo del departamento de Antioquia, designando a un mandatario seccional encargado.

Según la Fiscalía, los elementos recopilados en el proceso, que se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior sistema penal), indican que Gaviria, cuando se desempeñó por primera vez como gobernador de Antioquia, entre 2004 y 2007, habría podido incurrir en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.

El Fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada-Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663.432.778, se pactó inicialmente en un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi $1.500 millones de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia.

Además, se constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de $10.000 millones en maquinaria y equipos.

La investigación evidenció que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública. Una, representó cerca de $4.000 millones para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal; la otra, mediante un otrosí, se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del Gobernador y contempló la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre (Antioquia).

Este último asunto, que comprometió más de $16.000 millones, debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original.

Para la Fiscalía, el gobernador Gaviria era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación.

Lo que viene

Ante la decisión de la Fiscalía, Duque deberá nombrar un gobernador encargado y esperar que la coalición que impulsó la candidatura de Gaviria en 2019 envíe una terna de la que saldrá su sucesor. Solo si es condenado, se realizarían nuevas elecciones.

Gaviria fue elegido con 831.646 votos y su candidatura fue respaldada por el Movimiento de Antioquia y los partidos Liberal, La U, Cambio Radical y Alianza Verde.

Tras conocerse la noticia de la orden de captura, desde el Congreso hubo voces de todos los partidos en respaldo al gobernador Gaviria.

La senadora antioqueña Paola Holguín, del Centro Democrático, se solidarizó con la situación del Mandatario. De la misma manera, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, sostuvo que Gaviria “es un gran antioqueño y un gran colombiano. Dentro del marco institucional, que estamos obligados a respetar, encontrará el camino para que siga liderando, con lujo de competencia, a Antioquia”.

Incluso, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció al respecto. “Me duele mucho la decisión sobre el gobernador Aníbal Gaviria. Me duele por Antioquia, por su familia, por él. Nuestros deseos que pueda superar con éxito esta dificultad”.

El presidente de la Comisión Primera del Senado, Santiago Valencia, también del Centro Democrático, indicó que “no le hice campaña a Aníbal Gaviria la pasada elección, pero sí trabajé con él en el pasado. Puedo dar fe de su correcto actuar. Espero pueda responder pronto y positivamente a este requerimiento de la justicia. Solidaridad con él y su familia”.

De hecho, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sostuvo que espera “que el ejercicio político nunca nos aleje de la razón y mucho menos del humanismo. Con el gobernador Aníbal Gaviria he tenido diferencias y coincidencias en este camino de lo público, pero hoy solo deseo de corazón que se aclare muy pronto todo esto. Abrazo para él y su familia”.

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, consideró que “para desviar la atención de las arbitrariedades y tape tape de la ñeñepolítica hacen el show mediático de mandar a la cárcel al gobernador Aníbal Gaviria. Decidieron volver a los mandatarios locales el chivo expiatorio de los fracasos del Gobierno y los abusos de la Fiscalía”.

El senador de la Alianza Verde, Juan Luis Castro, sostuvo que “no es coincidencia que la Fiscalía envuelta en el escándalo del día por actuación enrarecida en la ñeñepolítica, ahora desvíe la mirada hacia el Gobernador Aníbal Gaviria. Ordenar su detención mientras la investigación continúa, poniendo en duda su honorabilidad, es jugar sucio”.

Al cierre de esta edición, el gobernador Gaviria no se había pronunciado. Sin embargo, todavía no había sido capturado ni tampoco estaba en detención domiciliaria.